COVID-19 en Perú: hace un año se confirmó el primer caso en el país y desde entonces han muerto al menos 47 mil personas

Este sábado 6 de marzo se cumple un año desde que se confirmó el primer caso positivo de coronavirus (COVID-19) en el Perú. En aquella oportunidad, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que se trataba de un joven de 25 años que había vuelto al Perú luego de estar en Europa, continente en que la enfermedad ya se expandía con rapidez.

Desde entonces, el número de casos comenzó a aumentar y llevó al Gobierno a instaurar un estado de emergencia a nivel nacional apenas unos días después. La cuarentena se prolongó por varios meses y se fue modificando para permitir la realización de nuevas actividades económicas.

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La pandemia ha impactado todos los aspectos de la vida social del país, tanto en la respuesta sanitaria como en la economía. Además se produjeron importantes cambios en las autoridades que manejaron la crisis. A continuación un repaso de la pesadilla en que se convirtió el ultimo año.

Primera ola y segunda ola

Durante los dos primeros meses de la pandemia, la cantidad de fallecidos a causa de esta enfermedad estuvo en menos de 100 por día, pero en mayo las cifras empezaron a incrementar drásticamente y el promedio de muertos llegó a 227 cada 24 horas. Junio, el mes más mortal de la pandemia, reportó más de 272 fallecidos por día en promedio, según cifras actualizadas del Centro de Control de Enfermedades.

La primera ola de la enfermedad recién empezó a presentar un descenso importante en setiembre. El último trimestre presentó estadísticas más alentadoras que los periodos anteriores, pero la cantidad de muertos por mes no bajó de los 1500 y cerramos el año en más de 1600 fallecimientos en diciembre.

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El mes de enero presentó un nuevo repunte de casos positivos y de fallecidos, lo cual llevó a las autoridades a instaurar nuevas medidas frente a la segunda ola de coronavirus. De esta manera, durante todo el mes de febrero, más de 10 regiones se ubicaron en el nivel de riesgo extremo y permanecieron en cuarentena para prevenir una expansión mayor del virus.

Pese a ello, las cifras que dejó febrero se ubican entre las peores desde el inicio de la pandemia en nuestro país. En este mes se produjeron 5.504 muertes por COVID-19, la cantidad más alta en este indicador desde julio del 2020, cuando Perú enfrentaba la primera ola de contagios.

Oficialmente, 47 mil muertos, pero pueden ser más

El Ministerio de Salud (Minsa) reporta hasta el último 3 de marzo que el número oficial de personas fallecidas por COVID-19 en el Perú alcanza los 47.306; sin embargo, si se contabilizan los 15.058 casos sospechosos que registra el CDC, el número total que arroja la vigilancia epidemiológica es de 69.364 decesos.

Por otro lado, el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), encargado de llevar el registro de los fallecimientos por cualquier causa en el Perú, sostiene que al cierre de febrero se produjeron 109.943 muertes por COVID-19 en el país.

Este desfase en las cifras se produce debido a que el Sinadef toma en cuenta, además de los casos confirmados y sospechosos, a aquellos en los que la persona desaparecida cuenta con un certificado médico de defunción donde figura el diagnóstico de COVID-19 como causa básica de la muerte.

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Cinco ministros de Salud y crisis política

El 20 de marzo, el expresidente Vizcarra hizo el primer cambio importante en el Minsa: la salida de la entonces titular del sector, Elizabeth Hinostroza, y la llegada de Víctor Zamora, quien estuvo en el cargo durante cuatro meses.

Zamora Mejía dejó el cargo para que Pilar Mazzetti, quien había liderado hasta ese momento el Comando COVID-19, tomara las riendas del sector más importante frente a la emergencia sanitaria.

La gestión de Mazzetti se mantuvo de manera firme hasta los primeros días de noviembre, cuando se produjo la vacancia de Vizcarra Cornejo por disposición del Congreso. Esta decisión derivó en que asuma un nuevo Gobierno encabezado por el titular del Parlamento, Manuel Merino de Lama.

Como parte del nuevo Gabinete, Abel Salinas asumió el cargo de ministro de Salud pero su duración en el cargo fue mínima, pues tres días después renunció al puesto a raíz de las protestas ciudadanas contra el régimen.

La grave crisis política originó que Merino dimitiera y el Congreso volviera a votar a un parlamentario encargado de asumir el cargo de jefe de Estado. Esta vez el elegido fue Francisco Sagasti, quien días después volvió a convocar a Mazzetti para que lidere las riendas del Minsa.

La segunda gestión en pandemia de la ministra fue nuevamente interrumpida luego de que se conociera que tanto ella como la excanciller, Elizabeth Astete, fueron vacunadas con las dosis adicionales enviadas por el laboratorio Sinopharm para el personal relacionado al ensayo clínico de su vacuna.

Producto de este escándalo, conocido como caso Vacunagate, fue nombrado Óscar Ugarte como nuevo titular del Minsa.

Caso Vacunagate

La vacunación de funcionarios públicos en el Perú - conocido como Vacunagate- desató un enorme escándalo en plena segunda ola de contagios. El caso salió a la luz con la revelación de que el expresidente Martín Vizcarra fue vacunado en Palacio de Gobierno en octubre del año pasado.

Sin embargo, en días posteriores se conoció que las ministras Elizabeth Astete y Pilar Mazzetti también fueron inoculadas con las vacunas de Sinopharm. Ambas dimitieron a su cargos, y reconocieron que incurrieron en un error al haber ocultado esta información. El expresidente Vizcarra también ofreció disculpas por no hacer pública su vacunación.

Entre los vacunados irregularmente figuran también varios altos mandos del Minsa y Cancillería, quienes han sido separados de sus cargos.

Por este mismo caso, Germán Málaga, quien se desempeñaba como investigador principal del ensayo clínico de Sinopharm en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), fue apartado del cargo. En su reemplazo fue nombrada Coralith García.

Actualmente las investigaciones por este caso vienen siendo llevadas a cabo por el Ministerio Público a través del despacho de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

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