Primera consulta previa del Perú se realizaría entre febrero y marzo

La primera consulta a comunidades indígenas sobre proyectos extractivos en Perú se realizaría entre febrero y marzo del próximo año, tras culminar la licitación del mayor bloque petrolero del país y antes de firmar sus contratos de operación, dijo el jueves el Gobierno peruano.

Ivan Lanegra, viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, afirmó en una conversación telefónica con Reuters que la consulta a los pueblos indígenas no interferirá con el proceso de licitación del lote petrolero 1AB –operado por la argentina Pluspetrol- programada para fines de este año.

Durante fin de año e inicios del próximo tiene que llevarse a cabo la licitación del lote y una vez culminado el proceso de licitación e identificado al postor ganador, recién en ese momento se llevaría a cabo la etapa de información y diálogo con los pueblos indígenas, dijo un funcionario de alto rango del Gobierno.

En un principio, el Gobierno había previsto realizar la consulta a los pueblos indígenas cercanos al yacimiento petrolero antes de iniciar el proceso de licitación, con el fin de garantizar la licencia social al nuevo operador.

INICIARÁN PREPARATIVOS Líderes de las comunidades indígenas de Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, de la región selvática de Loreto, denunciaron al Gobierno problemas de contaminación por las operaciones del lote 1AB, cercano a sus localidades.

El viceministro aseguró que su cartera junto al Ministerio de Energía y Minas iniciarán este mes los preparativos para el proceso de consulta, de tal manera que resulte satisfactorio para todos los sectores involucrados.

Sin embargo, refirió que el reglamento de la ley de consulta a los pueblos indígenas fija un plazo máximo de 120 días calendario para llevar a cabo todo el proceso, tras el cual recién se podrá suscribir el contrato de concesión. Es más que un plazo razonable teniendo en cuenta que muchos de estos proyectos son complejos y esos son los tiempos que se requieren para generar un proceso de diálogo adecuado que permita generar condiciones de sostenibilidad social, afirmó el alto funcionario.