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"Conflicto de poderes", por Juan Carlos Tafur

El festival de acusaciones que esta semana desató Fuerza Popular involucró al Congreso, el Ejecutivo, el Ministerio Público y hasta el Tribunal Constitucional. Un cambalache de diversas responsabilidades

Pablo Sánchez

Desde diversas tiendas políticas se señaló que intención fujimorista de acusar a fiscal Pablo Sánchez representa un golpe institucional para controlar el Ministerio Público.(Foto: Anthony Niño de Guzmán)

Desde diversas tiendas políticas se señaló que intención fujimorista de acusar a fiscal Pablo Sánchez representa un golpe institucional para controlar el Ministerio Público.(Foto: Anthony Niño de Guzmán)

Contra lo previsto, nuevamente el fujimorismo calentó la plaza política y la emprendió contra diversas instituciones y personas. Con su habitual falta de sindéresis, no distinguió la paja del trigo y sobrerreaccionó políticamente hablando, abonando a favor de quienes estiman que no ha cambiado nada desde los 90 y mantiene incólume un ADN autoritario.

Empezó la travesía con la investigación abierta a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, a propósito de un controvertido fallo vinculado al caso El Frontón. 

Cuatro magistrados del TC son acusados constitucionalmente porque cambiaron, a través de una resolución de “aclaración”, el voto dado por el magistrado Juan Vergara en el 2013, considerando que había un “error material” que subsanar. 

Por esa razón se les acusa de vulnerar la cosa juzgada. El propio magistrado del TC José Luis Sardón dio una entrevista marcando distancia de la conducta de sus pares y señalando que a su juicio habían equivocado su andar. 

Al respecto, ha habido diversas voces no necesariamente fujimoristas que han coincidido en señalar que los magistrados aludidos se excedieron claramente en sus atribuciones al revisar un voto particular del ex magistrado Vergara, permitiéndose así que continúe la pesquisa judicial en contra de los marinos encargados de debelar el motín senderista ocurrido en 1986. 

Metiendo su cuchara, diversos congresistas naranjas, entre ellos el propio presidente del Legislativo, Luis Galarreta, señalaron que se había cometido un fraude procesal en el seno del Tribunal Constitucional. 

La vicepresidenta del TC, Marianella Ledesma, exacerbó la trama al señalar y advertir que en el Congreso se puede estar “trabajando un escenario golpista”. Los magistrados involucrados en la investigación congresal –luego de la denuncia constitucional presentada– no se quedaron cortos y acudieron a la CIDH para advertir del escenario parlamentario que se les venía encima. 

Una sumatoria de errores, como bien señaló el abogado Alonso Gurmendi, en artículo publicado en el diario El Comercio. Una escalada en la que nadie atina a poner el freno de mano. 

Mañana en la edición impresa de la revista Somos no te pierdas la crónica completa de Juan Carlos Tafur. 

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