Ricardo Hinojosa Lizárraga

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En esta parte del planeta, los peruanos viven entre las brumas del reflejo de dos mundos aparentemente iguales, pero diferentes. A uno es posible verlo directamente, disimulado en la espesura de una prolífica y majestuosa, parajes a los que solo es posible llegar tras largas horas de caminata o navegando por ríos o cochas. Al otro, se le ve reflejado en esas aguas, se aparece en un pestañeo, en una foto y asombra por la belleza que parece retener todos los elementos, todas las imágenes, todos los colores, entre pájaros y árboles, pero que no se sucede nunca, no tiene vida propia si no está reflejando al otro, si no es eco en lugar de voz. Eso mismo ocurre cuando en Lima se habla de crecimiento económico, subida o bajada del dólar, indicadores estadísticos o redistribución de la riqueza: en la selva también algo refleja, pero no llega a ser.

Entre el 2002 y el 2009, en una historia similar a la de varias otras comunidades nativas, Yamino explotaba su madera irresponsable y desordenadamente. Talaban hoy, sin pensar en el mañana. Ubicada en la provincia de Padre Abad, distrito de Boquerón, a más o menos 25 km de Aguaytía y a unos 200 km de Pucallpa, Yamino es una comunidad como muchas otras de la selva, que subsiste de lo que la tierra provee. Y la tierra provee madera. “Nosotros, por desconocimiento, no porque hayamos querido, trabajamos muchos años de manera desordenada. Era por falta de información y capacitación. En ese entonces, no intervenían las instituciones correspondientes, ni siquiera ingresaban a la zona los que dan permisos forestales para la explotación legal de recursos maderables”, nos dice Claudio Pérez Odicio, líder comunitario de Yamino. “Por eso, el 2010 fuimos sancionados, multados y cancelados nuestros permisos por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), por mala explotación de recursos, y nos cayeron 3 UIT”, cuenta Pérez. El 2015, y tras pasar unos años trabajando para pagar dicha multa, Yamino recuperó su permiso forestal.

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A diferencia de lo que sucede con otras comunidades a las que se llega por río, a Yamino es posible llegar por carretera. Así, instituciones como Osinfor –hoy un organismo amigo de la comunidad- o el Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) fueron hasta allí a dar capacitaciones y talleres para manejar adecuadamente sus recursos y hacer un satisfactorio aprovechamiento forestal. “Poco a poco nosotros hemos podido aprender cuáles son los requisitos, las funciones o los derechos como comunidad al tener un título habilitante”, indica Pérez.

A diferencia de lo que sucede con otras comunidades a las que se llega por río, a Yamino es posible llegar por carretera. (Foto: Andre Bartschi/WWF)
A diferencia de lo que sucede con otras comunidades a las que se llega por río, a Yamino es posible llegar por carretera. (Foto: Andre Bartschi/WWF)

En este sentido, el 2018 fue un año particularmente importante para ellos. Fue, en realidad, el año que lo cambió todo. Osinfor realizó una pasantía en la comunidad de Yamino a la que llegaron miembros de otras comunidades, no solo de diferentes provincias de la región Ucayali, como Coronel Portillo, sino también de lugares como Huánuco o Pasco. Allí, Osinfor los capacitó en la llamada “mochila forestal”, un paquete de temas de interés para el manejo y aprovechamiento forestal en todas las comunidades nativas. Esos líderes de distintas comunidades que asistieron a la pasantía se dedicaron luego a transferir esa información, no solo en su lugar de origen, sino en otros centros poblados, como una especie de “evangelización” de conservación, sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. “Fue una bonita experiencia de la que aprendimos mucho –nos dice Claudio Pérez-. Aprendimos también cómo se trabaja, cómo se cubica, cómo se negocia”.

Los beneficios han sido evidentes. Antes, según cuenta el líder comunitario, se repartía el dinero de la venta de la madera ilegalmente extraída y ahí quedaba todo. Hoy están trabajando y proyectándose de acuerdo al Plan de Calidad de Vida que elaboraron desde el 2009, junto a la ONG CIMA-Cordillera azul, que actualizan cada 3 años, con miras al futuro. En ese futuro inmediato está contemplada la construcción de viviendas para cada familia de la comunidad, su propia posta médica, así como el mejoramiento de las obras de agua y desagüe, de las cuales han avanzado el tanque elevado que beneficia hoy a todos los comuneros. También han proyectado temas de agricultura con cacao y plátano y han formado ya tres asociaciones: de cocoteros, de turismo y de madres artesanas. “Con la venta legal del recurso maderable recibimos más, estamos mejor, más organizados y más preparados”, asegura Claudio Pérez.

Gracias a esos ingresos pudieron también enfrentar los estragos de la pandemia, comprando medicamentos y kits sanitarios o de limpieza. Algunos comuneros de Yamino enfermaron de Covid-19, pero, felizmente, todos pudieron sobreponerse al virus. Hoy, con ya muy pocas restricciones vigentes, empiezan a trabajar con la misma velocidad y entusiasmo de antes, con el objetivo de seguir reactivando su economía para ir cumpliendo con los compromisos, con el trabajo pendiente y los proyectos que se habían quedado inconclusos. “La madera no es toda la vida, hay que tratar de aprovecharla lo más posible, pero proyectándonos, haciendo un buen trabajo y dando desarrollo a la comunidad”, asegura, convencido, el líder comunitario.

Gracias a esos ingresos pudieron también enfrentar los estragos de la pandemia, comprando medicamentos y kits sanitarios o de limpieza. (Foto: Andre Bartschi/WWF)
Gracias a esos ingresos pudieron también enfrentar los estragos de la pandemia, comprando medicamentos y kits sanitarios o de limpieza. (Foto: Andre Bartschi/WWF)

Empresas sancionadas, madera requisada, bosques arrasados sin ningún control, coimas en toda la ruta desde el corte hasta su venta final. Madera ilegal cuya trazabilidad se pierde y se confunde con la madera que cualquiera de nosotros puede comprar legalmente en Falabella o Maestro, sin que esas empresas tengan ya cómo saber su origen. Con la pandemia, controles y restricciones se han flexibilizado o, en muchos casos, ni han existido. Ucayali, ciudad que fue llamada alguna vez “La capital del tráfico de madera del país”, sigue siendo el origen de bienes y males.

Según un informe sobre la tala ilegal en el Perú elaborado por la ONG Global Witness -titulado “El justiciero forestal” (2019)- , durante la última década, más del 60% de la madera que Osinfor inspeccionó en los dos núcleos de producción más importantes del país es de origen ilegal. En el documento se señala que “Perú alberga el cuarto bosque más grande del mundo: su extensión es de 68 millones de hectáreas. Es una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta y podría jugar un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático”. Durante el 2020, un año en el que el planeta debía haber sufrido menos a causa de las distintas cuarentenas en los cinco continentes, la deforestación subió un 12%. Cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente indican que el 30% de la madera que se comercializa en el mundo es ilegal y puede llegar a mover unos 50 mil millones de dólares.

Según Global Forest Watch, Perú figuraba el año pasado entre los 10 países que perdieron más bosque virgen en el mundo. En este contexto, el papel de las comunidades se hace fundamental. Sin embargo, las experiencias no las cuentan solo los comuneros, sino también los técnicos que trabajan con ellos. En un proyecto de aprovechamiento de bosques y extracción legal en el que WWF colaboró con comunidades como Juancito o Nuevo Saposoa, participó el ingeniero Alan Ferreyros, quien tuvo a su cargo la orientación de los comuneros en pro de la nueva idea de tala legal que reemplazaría una tradición desordenada que parecía haber sido siempre la única opción.

“La primera pregunta que me hicieron fue ¿Por qué tanta documentación? –Nos cuenta Ferreyros-. Yo les decía que el proyecto trata de que toda la cadena productiva tenga una trazabilidad desde el bosque, los árboles, cada etapa del aserrío, cubicación, hasta la venta final. Ellos estaban acostumbrados a extraer de sus bosques una cierta cantidad, sin cubicar bien. Llegaban al puerto de Pucallpa, pero antes pasaban por controles, coimas, entre otras cosas. Al final no ganaban casi nada, porque en ese camino ilegal se les quedaba el dinero”.

Fue el inicio de un trabajo arduo que incluyó, al principio, pasar distintos controles policiales y ver su carga declarada ilegal, a pesar de contar con todos los papeles, solo porque la madera estaba “motosierrada”, una modalidad que usualmente se considera fuera de la ley. En una zona como esta, con las cifras que ya hemos dado de tala ilegal, no es difícil para las autoridades desconfiar. “Antes pasaban muchas cosas por vender madera ilegal. Les han pagado de menos, les han postergado pagos por meses o los han estafado muchas otras veces”, nos cuenta. Pero la legalidad llegó para quedarse el año pasado. Alan preparó un sistema para que ganaran según cuánto trabajaran, no por día, con árboles codificados, censados y una serie de formularios que permitían ordenar todo el proceso y saber qué árbol había talado quién y cuánto había talado. Como es natural, al principio fueron reacios al cambio, pero durante el mismo proceso, tras recibir una respectiva capacitación, fueron entendiendo por qué era lo mejor. “Cuando han llevado su madera esta vez para comerciar, se dieron cuenta de que cada proceso fluía mucho mejor, no había ningún problema ni necesidad de ninguna coima ni serían engañados por nadie. Llegaron a vender hasta 100 mil soles, algo que antes no hubieran podido imaginar”, nos cuenta el ingeniero pucallpino que participó en el proyecto por intermediación de WWF y la Federación que Nuevo Saposoa conforma junto a otras comunidades cercanas a ella, como Pueblo Nuevo o Callería.

Pasado el tiempo de los bosques inundados, que suele prolongarse con variaciones entre noviembre y marzo, la comunidad ya está lista para empezar a aprovechar nuevamente su recurso maderable, gracias a la experiencia adquirida.

Toco madera (legal)

“El mundo está cambiando. Antes parecía que su único valor era la madera, pero ahora el bosque tiene una mirada de integralidad”, nos dice Alonso Córdova, ingeniero forestal y especialista de Bosques y Asuntos Indígenas de WWF Perú. Para él, esto se hace evidente a través de los servicios ecosistémicos que proporciona el bosque: el alimento, el agua, o proteínas para las poblaciones locales. “Hay un montón de elementos que el bosque puede dar. Si uno habla de manejo forestal sostenible, debería tener esa mirada de largo plazo hacia un bosque que no solamente te de madera, sino que mantenga sus provisiones de servicios ecosistémicos”, agregó.

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Entender al bosque ayuda a diseñar políticas más realistas y eficaces. Eso sí, no puede dejarse a las comunidades solas en esta labor. El Estado, la empresa privada responsable y las organizaciones no gubernamentales tienen mucho que seguir aportando junto a ellos.

Es tan importante saber, ¿Qué cosas hay que tomar en cuenta cuando se habla de comercio legal de madera? Para Alonso Córdova, detrás de eso hay ciencia, porque es un esfuerzo producto de las investigaciones de muchos años. Además, entendiendo las bases silviculturales – referidas al manejo del bosque con el objeto de producir bienes y servicios, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del recurso-, los tiempos adecuados o el conocimiento de las especies. “No se trata de entrar en el bosque y cortar lo que a uno le dé la gana. Se analiza previamente con mucho cuidado, porque la tala ilegal también destruye las estructuras sociales, al traer mafias y violencia”.

Entender al bosque ayuda a diseñar políticas más realistas y eficaces. Eso sí, no puede dejarse a las comunidades solas en esta labor. (Foto: Andre Bartschi/WWF)
Entender al bosque ayuda a diseñar políticas más realistas y eficaces. Eso sí, no puede dejarse a las comunidades solas en esta labor. (Foto: Andre Bartschi/WWF)

Para dar un ejemplo del impacto de la extracción legal de madera en la reactivación económica, Tahuamanu, una de las tres provincias que conforman la región Madre de Dios, posee la mayor cantidad de bosques certificados, aproximadamente 547 mil 399 hectáreas que representan el 51.8% de bosques certificados en el país. Según WWF, la actividad forestal formal debe dar trabajo directo a unas 2500 personas en Tahuamanu, que tiene un aproximado de 7500 habitantes. En su capital, Iñapari, los madereros legales conforman el 75% de la PEA.

“Yo creo que lo más importante es el manejo forestal comunitario por los pueblos indígenas. Ellos tienen una forma en la que pueden organizarse para tener una actividad productiva y porque también contribuye a poder mantener esos bosques y que no se cambie el uso del suelo. Al cuidar el bosque están conservando las especies que en él habitan y el sistema ecológico. Por eso, junto con WCS y la Unión Europea trabajamos en la Alianza Fauna Silvestre y Bosques para asegurar un manejo integral de estos espacios naturales”, indica Córdova.

Quizás ese sea un camino para que la redistribución de la riqueza en la selva no sea solo un vago reflejo de lo que ocurre en las ciudades. Quizás así no haya peruanos que se confundan en las brumas del reflejo de dos mundos aparentemente iguales, pero distantes y distintos aunque conformen un mismo país. //

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