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"Kuczynski en el laberinto", por Juan Carlos Tafur

Los pormenores del caso Lava Jato han agitado las aguas arrastrando a la figura del presidente de la República. Resulta por lo menos curioso que la transición democrática inaugurada en el 2000 haya comenzado con un proceso de vacancia y pueda terminar con otro 

PPK

A sus problemas políticos derivados del caso Lava Jato, PPK debe añadir ahora los provenientes de los pasillos judiciales. La Fiscalía lo ha citado para el jueves 21 de diciembre.

A mitad de semana una bomba de impredecible magnitud estalló en el país. Se conoció, por información remitida desde Brasil por la empresa Odebrecht a la comisión Lava Jato, que Pedro Pablo Kuczynski habría tenido vínculos financieros con la compañía brasileña en varias ocasiones y que algunas de ellas ocurrieron cuando fuera ministro de Economía y premier, durante el gobierno de Alejandro Toledo. 

Las redes sociales y la prensa estallaron con el tema de una renuncia presidencial o una situación de vacancia. Ante el silencio oficial, la atmósfera fue calentándose obligando a PPK a dar un breve mensaje indicando que había reconsiderado su postura inicial de no acudir a la comisión Lava Jato y que había decidido hacerlo en la hora y fecha necesarias. Finalmente se trazó para el próximo viernes 22, en un claro intento palaciego por ganar tiempo (¿ocho días necesita para poner sus papeles en orden?). 

Hay que recordar que la semana pasada Pedro Pablo Kuczynski ya había sorprendido a los medios y a la opinión pública, al aparecer en el programa Enfoque de los sábados (RPP) y allí aseverar que efectivamente él había brindado una labor de asesoría financiera al consorcio H2 Olmos, conformado por Odebrecht, luego de haber sido ministro. 

Pero la mentira pesaba en su contra. Antes había dicho, en carta remitida a la comisión Lava Jato y en sus cuentas de redes sociales, que él nunca había tenido relación alguna, directa o indirecta, con la empresa Odebrecht

Días previos a esta presentación radial, el comité de crisis de Palacio le aconsejó informar sobre el tema, considerando que estaba por venir una declaración de Jorge Barata, hombre fuerte de Odebrecht que iba a desmentir las primeras aseveraciones presidenciales. Ninguno de sus integrantes se esperó el bombazo de esta semana. 

“La mentira inicial es grave, pero peor sería mantenerse en ella”, nos dijo una fuente gubernativa. Lo que resta saber es si PPK ha dicho toda la verdad o aún quedan resquicios por aclarar. A estas alturas, la inquietud crece y sus respuestas políticas, por tardías, resultan insuficientes. 

En este caso, lo grave resulta no solo haber mentido, sino –de confirmarse lo dicho por la empresa Odebrecht– que PPK haya cobrado por consultorías realizadas mientras tenía un cargo público. PPK ocupó el cargo de ministro de Economía entre febrero del 2004 y agosto del 2005, y fue premier entre agosto del 2005 y el 28 de julio del 2006, y en ambos casos estaba prohibido constitucionalmente de “ejercer actividad lucrativa”. Sería cuestionable que lo haya hecho aun después de haber dejado de ser funcionario, en proyectos donde tuvo injerencia cuando desempeñó cargos públicos. 

Hasta el martes, el fujimorismo había bajado el tono en su bronca con el Ejecutivo, distraído en otros menesteres, como los vinculados a su conflicto con el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público. No obstante, a la primera de bastos se encresparon los ánimos. La bancada parlamentaria fujimorista en pleno salió a pechar a Kuczynski exigiéndole que acuda a la comisión Lava Jato y que siga el ejemplo de su esposa, en clara reacción al pedido del congresista Gino Costa de que se interrogue a Rosa Bartra, presidenta de la comisión Lava Jato, por su presencia en el allanamiento de los locales de Fuerza Popular, y al retiro de la bancada pepekausa de la comisión de ética. Como se ve, el equilibrio era bastante precario y hoy genera un telón de fondo exacerbado respecto de las últimas revelaciones. 

La debilidad política de PPK y su torpe manera de conducirse abrieron los espacios a favor de un escenario de vacancia. Hace pocos días la funcional congresista del fujimorismo Yeni Vilcatoma le pidió la renuncia. No tuvo mayor eco, pero conforme pasaron los días se hizo tenor general. 

Conocido el documento de Odebrecht, la bancada de Fuerza Popular y del APRA pidió la renuncia presidencial (aunque el aprismo ha convocado de emergencia para hoy sábado a un plenario nacional y el congresista Del Castillo ha exhortado a mantener la serenidad y esperar los descargos de Palacio). El Frente Amplio fue más allá y planteó formalmente el pedido de vacancia. Al filo de la noche del jueves, Alianza para el Progreso, socio político de PPK, pareció inclinar la balanza, al sumarse al pedido de renuncia y anunciar que de no producirse se sumarían al pedido de vacancia. 

Debe señalarse que para proceder a la vacancia se necesitan 87 votos. Si se sumaban 70 de Fuerza Popular (descontando a Kenji), cinco del APRA y diez del Frente Amplio más Yeni Vilcatoma, sumaban 86. Les faltaba uno. Con los 9 de APP ya tendrían el tema asegurado. 

En cualquier caso, el panorama que se le viene a PPK es bastante sombrío. A sus problemas políticos derivados del caso Lava Jato y los que ya tenía por su colisión con el fujimorismo, ahora se suman también los provenientes de los pasillos judiciales. La Fiscalía lo ha citado para el jueves 21 de diciembre. 

Según el antropólogo y analista político Javier Torres Seoane, “la revelación de los pagos de Odebrecht a las consultoras de PPK conducen inevitablemente al pedido de vacancia. Es iluso creer que el fujimorismo acepte que la salida es que PPK acuda a la comisión Lava Jato el 22 de diciembre. Él ha perdido toda legitimidad y en este punto no tiene margen de negociación. ¿Cuán viable sería una presidencia de Martin Vizcarra –cuestionado por el caso Chinchero– o una de Meche Aráoz? La respuesta solo la tiene el fujimorismo”.  

Para la socióloga Alicia del Águila, “esto es culpa del golpe blando que dejamos pasar el 2016. Políticamente, solo veo dos caminos. Uno, como dicta la Constitución, abrirle investigación el 29 de julio del 2021. Dos, si se considera que tiene que rendir cuentas ya mismo (contrariamente a lo que se ha venido haciendo con sus predecesores), hacerlo si y solo si se abre el sistema político, con una reforma democrática. No se puede obligar a la ciudadanía a votar entre los inculpados o los que aún no lo están. Hay que darle al país regulaciones dentro de los estándares, digamos, promedio de América Latina. Solo así el remedio no sería peor que la enfermedad. Porque, sinceramente, Vizcarra no creo que dure (le sacarán lo de Chinchero) y a Aráoz también le pueden buscar algo y, si permanece, el precio sería muy alto (será prisionera del fujimorismo)”. 

Esta nota fue publicada el 16 de diciembre del 2017 en la edición impresa de la revista Somos.

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