Claves de la batalla entre Anthropic y el Pentágono: los límites del uso militar de la IA

Una nueva audiencia judicial en Washington este martes reactivará la disputa entre el Pentágono y la empresa de inteligencia artificial Anthropic, que por ahora ha sido limitada para participar en proyectos de defensa, desde que la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la catalogó como un “riesgo” para la seguridad nacional.

Una Corte de Apelaciones de la capital estadounidense escuchará argumentos sobre la decisión del Pentágono de catalogar a Anthropic como un posible “riesgo para la cadena de suministro”, una medida que puede bloquear contratos federales y limitar su presencia en proyectos vinculados a defensa.

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Estas son las claves para entender un caso ha abierto un debate que va más allá de una sola compañía tecnológica y que aviva la discusión sobre el rol que deben tener las empresas de IA en programas militares.

La disputa comenzó en febrero pasado, cuando el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció que el Pentágono designaría a Anthropic como un “riesgo para la cadena de suministro”, una figura utilizada por el Gobierno estadounidense para restringir proveedores considerados problemáticos para la seguridad nacional.

De acuerdo con medios estadounidenses y la propia empresa, el conflicto surgió después de que Anthropic intentara mantener restricciones para impedir que su modelo de IA fuera utilizado en vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses o en armas totalmente autónomas.

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La empresa demandó en marzo al Pentágono y Hegseth defendió la postura gubernamental diciendo que “los combatientes estadounidenses nunca serán rehenes de los caprichos de las grandes tecnológicas”.

Anthropic, fundada en 2021 por exinvestigadores de OpenAI, entre ellos Dario y Daniela Amodei, enfocada en seguridad y control, sostiene que la decisión del Pentágono fue arbitraria y que el proceso administrativo no respetó garantías legales básicas contempladas en la legislación federal.

La tecnológica dijo, al inicio de la disputa, que “no tenía otra opción” que impugnar el agravio ante los tribunales y demandó federalmente al Pentágono bajo el argumento de que la designación pone en riesgo los derechos de libertad de expresión y debido proceso.

Finalmente la compañía sostiene que el caso marca un precedente histórico sobre los limites del poder gubernamental para restringir los alcances de los proveedores de inteligencia artificial.

El litigio ha avanzado por distintas instancias del sistema judicial con expedientes abiertos tanto en Washington como en California.

En su primera fase, el caso se presentó ante el Tribunal Federal de San Francisco, donde Anthropic solicitó una medida cautelar para frenar la aplicación inmediata de la designación del Pentágono como “riesgo para la cadena de suministro”.

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En esa instancia, el juez permitió un bloqueo temporal parcial de la medida mientras se analizaban los argumentos de fondo, al considerar que existían indicios de posible represalia administrativa y vulneraciones a la libertad de expresión.

Posteriormente, el caso fue trasladado a cortes federales de la capital, donde se mantiene el núcleo del litigio y en esta jurisdicción, se le autorizó al Pentágono mantener de forma provisional la designación, al señalar que el Ejecutivo dispone de un margen amplio de “discrecionalidad” cuando invoca razones de seguridad nacional.

La audiencia de este martes corresponde a la fase de argumentos orales dentro del proceso de apelación que enfrenta a Anthropic con el Departamento de Guerra.

No se trata de un juicio final, sino de una instancia en la que abogados de ambas partes expondrán sus argumentos ante jueces federales.

Los magistrados deberán evaluar si el Pentágono actuó dentro de sus atribuciones al clasificar a la compañía como un posible riesgo estratégico para la infraestructura tecnológica federal y militar.

El conflicto entre Anthropic y el Pentágono ha sido descrito por analistas y medios locales como un caso que podría marcar el alcance de la supervisión del Gobierno sobre las empresas de inteligencia artificial que trabajan con el sector público.

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De acuerdo con informaciones del diario Washington Post, directivos del sector tecnológico y de defensa han advertido de que el caso podría tener un impacto directo en los contratos federales de empresas que desarrollan inteligencia artificial.

Entre ellos, ejecutivos vinculados a compañías que ya trabajan con el Pentágono han señalado, bajo condición de anonimato, que una designación como “riesgo para la cadena de suministro” podría generar incertidumbre en futuras licitaciones y en la continuidad de acuerdos ya firmados.

El proceso es seguido de cerca por el sector por el posible efecto en futuras licitaciones y alianzas público-privadas y así como posibles restricciones para desarrollar herramientas en el campo militar.