La semana pasada, el grupo estadounidense, que cada año saca a la venta un nuevo modelo de iPhone, reveló que ralentizaba voluntariamente el rendimiento de los teléfonos para "prolongar su vida". (Foto: AFP)
La semana pasada, el grupo estadounidense, que cada año saca a la venta un nuevo modelo de iPhone, reveló que ralentizaba voluntariamente el rendimiento de los teléfonos para "prolongar su vida". (Foto: AFP)
Redacción EC

Francia abrió una investigación por "obsolescencia programada" contra el fabricante japonés de impresoras Epson, la primera de este tipo en el país, según la asociación que lo denunció y que tiene ahora a Apple en su punto de mira.

La fiscalía de Nanterre, cerca de París, abrió el 24 de noviembre una investigación preliminar contra el fabricante japonés Epson por "obsolescencia programada" y "engaño", informaron el jueves fuentes judiciales.

La investigación, confiada a los servicios de la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión de Fraudes (DGCCRF), llega tras la denuncia hecha el 26 de septiembre por la asociación Halte à l'obsolescence programmée (HOP, 'Alto a la obsolescencia programada').

La denuncia citaba varios grupos: el estadounidense HP Inc., los japoneses Canon, Brother y "especialmente" Epson.

En ella, la asociación describe "técnicas" para obligar a los consumidores a volver a comprar cartuchos de tinta, en especial "el bloqueo de las impresiones con la excusa de que los cartuchos se habrían quedado vacíos cuando aún les queda tinta".

HOP, que habla de "miles de denuncias de clientes" en internet, afirmaba también que al cabo de un tiempo se señalaba erróneamente que las "almohadillas absorbentes de tinta" llegaban "al final de vida útil".

"El precio de la reparación y del cambio de la almohadilla absorbente de tinta de una impresora Epson equivale más o menos al precio de compra de una impresora nueva", "el cliente no se siente animado a repararla sino a comprar una nueva", según la denuncia.

"Es una muy buena noticia, por primera vez en Francia y, por lo que sabemos en el mundo, las autoridades judiciales de un país se encargan de un caso de obsolescencia programada", celebró este jueves en declaraciones a la AFP Emile Meunier, abogado de la asociación.

Contactada por la AFP, la filial francesa de Epson no hizo declaraciones el jueves a primera hora de la tarde.

Denuncia contra Apple

El miércoles, la misma asociación presentó una demanda contra Apple, después de que el gigante estadounidense admitiera recientemente que ralentizaba voluntariamente sus antiguos modelos de iPhone.

En esta denuncia, HOP considera que Apple "estableció una estrategia global de obsolescencia programada con el objetivo de aumentar sus ventas".

La asociación considera que Apple puede ser demandada por los teléfonos que vendió en Francia desde la promulgación de la ley de transición energética, el 17 de agosto de 2015, que introdujo el delito de obsolescencia programada en el Derecho francés. Fecha que retiene también en su denuncia de septiembre para las impresoras vendidas por Epson.

La semana pasada, el grupo estadounidense, que cada año saca a la venta un nuevo modelo de iPhone, reveló que ralentizaba voluntariamente el rendimiento de los teléfonos para "prolongar su vida".

La decisión se tomó, según la compañía, debido al uso de baterías de ion de litio, a las que cada vez les cuesta más responder a las numerosas demandas del usuario del dispositivo a medida que va envejeciendo.

Apple confirmó así, por primera vez, los rumores sobre la probable ralentización voluntaria de los iPhone, que aparecen desde hace años en la prensa especializada.

En Estados Unidos, se lanzó una acción grupal la semana pasada contra la marca por las mismas razones.

Apple se disculpó este jueves por haber frenado sus aparatos e indicó que iba a reducir el coste de sustitución de las baterías de los iPhone 6 y crear una función para vigilar mejor su estado.

En teoría, la ley francesa sanciona desde agosto de 2015 "la obsolescencia programada", que según el texto "se define por el conjunto de técnicas a través de las cuales un fabricante pretende reducir deliberadamente la vida útil de un producto para aumentar la tasa de reemplazo".

obsolescencia programada se castiga con una pena de dos años de cárcel y con 300.000 euros de multa, que puede llegar al 5% de los ingresos medios anuales.

(Fuente: AFP)

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