La estafa se extiende mediante un link que se envía por WhatsApp. (Foto: Getty)
La estafa se extiende mediante un link que se envía por WhatsApp. (Foto: Getty)
Redacción EC

Theresa May, la primera ministra de Reino Unido, ha señalado una vez más su deseo por tomar acciones contra las aplicaciones de mensajería cifradas como , Telegram y Signal, entre otras. Aunque las aplicaciones no están vinculadas con el crimen, la mandataria argumenta que sus servicios (específicamente la opción de que los mensajes viajen cifrados punto a punto por la red) "brindan un refugio seguro para los terroristas y extremistas".


Durante su intervención en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el jueves, la primera ministra reiteró su petición a las firmas tecnológicas para que actúen de manera voluntaria, pero insinuó que el gobierno puede tomar medidas más concretas si los desarrolladores no actúan por sí mismos.

Las notas de voz son herramientas muy utilizadas. (Foto: Pixabay/CC0)
Las notas de voz son herramientas muy utilizadas. (Foto: Pixabay/CC0)

"Estas compañías simplemente no pueden quedarse atrás mientras sus plataformas se utilizan para facilitar el abuso infantil, la esclavitud moderna o la difusión de contenido terrorista y extremista", dijo May.

La primera ministra específicamente mencionó a WhatsApp, propiedad de Facebook, y a Telegram, de Pavel Durov.

"Así como estas grandes compañías necesitan actuar, también necesitamos respuestas interindustriales porque las plataformas más pequeñas pueden convertirse rápidamente en el hogar de criminales y terroristas. Hemos visto que eso sucede con Telegram. Y necesitamos ver más cooperación de plataformas más pequeñas como esta ", dijo.

Portales como The Guardian y The Independent han señalado que la primera ministra ha insistido en el asunto desde que era secretaria del interior en 2015. Aunque existe una ley de poderes investigativos desde 2016, que dio potestad al gobierno para exigir la eliminación del cifrado aplicado a los mensajes, May insiste en que las compañías de tecnología deberían actuar voluntariamente.

En 2015, Theresa May pidió negar a los terroristas "espacios seguros para comunicarse", y aseguró que un gobierno conservador en el futuro buscaría restaurar las capacidades para interceptar las comunicaciones.

En junio de 2017, después del ataque en Westminster, la mandataria dijo a la prensa británica que las compañías de internet no debían permitir que el extremismo exista. "No podemos permitir que esta ideología sea el espacio seguro que necesita para reproducirse; sin embargo, eso es precisamente lo que ofrecen internet y las grandes compañías que brindan servicios basados en Internet", dijo a The Guardian.

¿Y el anonimato para qué?
A pesar de la argumentación a favor de la seguridad nacional, que es frecuentemente escuchada en los gobiernos de derecha como el de Theresa May, varios actores, especialmente de la sociedad civil, temen que se caiga en una estigmatización de las medidas de ciberseguridad para los individuos como el cifrado seguro.

Según Marcya Hernández, miembro del Colectivo de Acción y Pensamiento de Mujeres, Paz y Seguridad, la encriptación no necesariamente es utilizada con fines terroristas sino que busca proteger información sensible de los individuos. Según la activista, situaciones como el estado de salud o la identidad de género de miembros LGBTI deben permanecer en el espacio privado de las personas hasta que ellas mismas decidan si quieren o no volverlas públicas.

"Las personas encriptan sus mensajes por ejemplo cuando manejan información sensible, como lo hacen los activistas en derechos humanos o el medio ambiente. Al oponerse a gobiernos, organizaciones y grupos empresariales, si sus datos y comunicaciones son expuestas se puede poner en riesgo las vidas de estas personas solo por el hecho de pensar distinto", aseguró Hernández.

El debate entre la privacidad y la seguridad ha llevado a que organizaciones internacionales de derechos humanos como Access Now, consolidaran un libro con 13 principios para mantener la proporcionalidad de las medidas de monitoreo de las comunicaciones por parte de los gobiernos. Según el texto, a todas luces, la vigilancia masiva es ilegal.

Para Hernández, el foco de las medidas de seguridad nacional no puede centrarse en dejar los datos abiertos porque resultaría vulnerándose la privacidad de las personas y la seguridad de su información.

"Me angustia la mirada de la vigilancia masiva, porque afecta un derecho humano fundamental que es la intimidad. Resulta una cacería de brujas, cualquier persona podría ser interpelada, interpretada o juzgada por compartir algún tipo de información. Hay datos sensible de las personas que solo les atañe a ellas mismas, como sus imágenes desnudas y el tipo de conversaciones que mantienen con sus contactos cercanos".

Los pronunciamientos reiterados de May abren el espectro de acción del Estado para intervenir comunicaciones alegando prevención de ataques de seguridad nacional. Sin embargo, activistas digitales apuntan que también la recolección de esa información puede caer en manos equivocadas y derivar en la persecución de personas de la oposición.
(Fuente: El Tiempo/GDA)

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