Pilar Rosales Pérez presentó una denuncia formal por violencia física y psicológica contra su esposo, el futbolista Eduardo Rabanal Jaramillo, en la comisaría de Jaén a solo seis meses de haber contraído matrimonio.
Luego de que se conociera esta denuncia, Rosales anunció el fin de la unión conyugal con el futbolista del ADA Jaén.
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Según el parte policial, la agresión se produjo el pasado 18 de marzo aproximadamente a las 5:30 p.m. en el domicilio de la hasta entonces pareja. El documento detalla que el deportista habría propinado golpes de puño en el rostro de Rosales y la habría empujado contra la pared. Asimismo, el informe registró un episodio de violencia previo ocurrido el 16 de marzo.
Tras la denuncia interpuesta a las 9:04 p.m. del mismo miércoles, efectivos de la Policía Nacional del Perú procedieron con el arresto de Rabanal.
El lateral derecho del club ADA Jaén permaneció detenido durante 24 horas por el presunto delito de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.
Pilar Rosales anuncia su separación
A través de sus redes sociales, Pilar Rosales confirmó la ruptura definitiva con el deportista. En su comunicado oficial, Rosales indicó que todo lo relacionado con el futbolista deja de ser un tema de su correspondencia y manifestó que no brindará más declaraciones públicas debido a la dificultad del momento personal que atraviesa.
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En testimonios brindados a programas de espectáculos, la denunciante acusó a su aún esposo de conductas de infidelidad y agresión. Rosales también afirmó que el futbolista poseería material íntimo de sus exparejas, el cual presuntamente compartía con terceras personas, situación que la llevó a calificar su convivencia matrimonial como una experiencia negativa.
Eduardo Rabanal, hasta el cierre de esta nota, ha mantenido sus redes sociales desactivadas y no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los hechos denunciados.
El club ADA Jaén, por su parte, aseguró que está recabando información tras la denuncia hecha por la esposa de si miembro del plantel para poder “ejercer las potestades disciplinarias que correspondan” a nivel laboral.
