De la decisión de S&P a un pacto de infraestructura

La reciente decisión de rebajar la calificación de riesgo crediticio al Perú refleja deficiencias estructurales de nuestra economía, así como significativos errores del frente político que se expresan hoy en desgobierno, una institucionalidad que agoniza y un inexistente proceso de rendimiento de cuentas (‘accountability’). Asumir que la responsabilidad es de un conjunto de exministros es decir una verdad endeble.

Para suerte del Perú, hasta hoy no hay consenso entre las calificadoras de riesgo internacional. Mientras Standard & Poor’s (S&P) nos ubica en BBB-, Moody’s nos mantiene en BBB+ y Fitch en BBB. Hecho de importancia a considerar. Mientras por lo menos dos de ellas no estén contundentemente alineadas, el daño existirá, sin duda, pero no en la magnitud que algunos analistas señalan.

Es muy lamentable la separación del presidente del Consejo Fiscal, sin duda. Debemos cuidar la fortaleza fiscal. Quedan el resto de los miembros del Consejo y nuestra deuda pública sigue siendo una de las más bajas del mundo. Se ha retrocedido, claro está, pero mantengamos la calma y “los pies en la tierra”. Un PBI con cierta recuperación más el impacto de los excelentes precios internacionales de nuestros metales podrían resultar en un déficit más alineado a la meta fiscal de este año. Eso lo saben las calificadoras.

Lo acontecido con el Consejo Fiscal y la decisión de S&P tiene un origen mucho más profundo. El desgobierno en el sector público se ve reflejado en la desaprobación del Ejecutivo y el Legislativo por algo más del 80% de la ciudadanía. De otro lado, la carente institucionalidad nos ha llevado a convivir con “entidades zombis” que son incapaces de proveer justicia, salud, educación y seguridad. La descomposición política está detrás de todo ello. Sin una solución en el frente político, no hay salida económica sostenible.

Parte de nuestros males también subsisten porque el sector público no dispone de la obligatoriedad de rendir cuentas de su labor (‘accountability’) a favor del frente privado, constituido por la ciudadanía y el sector empresarial. Si se estropea al país, se acentúa la pobreza, se dilapida el Tesoro Público y lo único que se espera es que las urnas castiguen con sus votos a los irresponsables. Eso es una burla para el país y alimenta la descomposición política.

Una salida política que impulse una recuperación económica de manera sostenible, como hemos venido proponiendo en este Diario, podría darse mediante la convergencia hacia un Pacto Nacional a favor de la Infraestructura e Inversión. Algo sin precedentes en la historia del país. El mismo, firmado por todas las fuerzas vivas de nuestra sociedad, se orientaría al encuentro de un consenso mínimo en torno de la ejecutoria de 20 megaproyectos programados para los próximos 30 años. Cualquier grupo político que logre la presidencia tendría el compromiso de cumplir con las metas y rendir cuentas. Esto generaría, de inmediato, un shock positivo de cara al frente financiero internacional y regeneraría parte de la credibilidad país perdida.

Para darle vida a dicho pacto, deberá crearse una base organizacional independiente del sector público administrada por un cuerpo técnico de primer orden ajeno a presencia política y gremial. Este se encargaría de establecer los cronogramas de ejecutoria, supervisar el cumplimiento de las metas e informar al sector privado y público acerca de su progreso. Con esto, insisto, lograríamos disponer en el país de una primera experiencia de ‘accountability’ a favor del sector privado.

Dado el pacto, una vez que alguna agrupación alcance el gobierno, deberá tenerlo en consideración debido a que hasta el frente internacional sería una suerte de garante de su cumplimiento. No se trata de objetar propuestas como la presente, se trata de perfeccionarlas y ensayarlas con seriedad. Al ponerlas en práctica, S&P, Moody’s y Fitch diluirían sus preocupaciones. Ténganlo por seguro. De eso se trata.