Alojamientos vía apps en revisión del Mincetur

Este 12 de julio se reunirán representantes del sector público y privado en el Ministerio de Comercio y Turismo (Mincetur) para revisar el nuevo reglamento a los servicios de alojamiento temporal en hogares, que prepublicaron en mayo.

La citada propuesta ha generado controversias porque implica restringir una práctica que se ha popularizado mucho en Internet a través de apps como Airbnb, Booking y Home Away. Incluso, se afectaría a los usuarios de Facebook que usan la red para publicitar alquileres en sus casas por días u horas. 

El reglamento pretende que se haga un registro de todos los que ponen sus propiedades en portales online de alquiler temporal. Además, dispone que las habitaciones o casas solo sean usadas cuando la oferta hotelera de la zona no alcance para cubrir la demanda turística, ya sea porque hay una festividad especial o hubo un fenómeno climático que amerita incrementar las habitaciones disponibles.

Isabel Mendoza, directora de Normatividad y Calidad Turística del Mincetur, asegura que su objetivo no es prohibir el hospedaje contactado vía plataformas virtuales, sino incorporarlas al marco legal y garantizar un servicio de calidad que además cumple con el pago de impuestos.

Carlos Canales, presidente de Canatur, respalda la norma. Él considera que estas apps son una forma de competencia desleal que promueven la informalidad y la inseguridad al no brindar un registro que identifique a los visitantes y anfitriones.

POSTURAS CRÍTICAS

Desde Comex cuestionan la medida porque establece barreras burocráticas sin entender la naturaleza de intermediarios de las apps, además de restringir el libre uso de la propiedad privada.

Internet ha democratizado la forma de emprender negocios al ofrecer herramientas que facilitan nuevas formas de ingresos a los individuos, aclara Javier Salinas, director de Emprende UP. A su entender, las regulaciones deberían ser proporcionales y no implicar este tipo de registros. Este reglamento, opina, debería eliminar la referencia a casas particulares. 

La legislación debe irse adecuando a la realidad de Internet, y no al revés. Crear barreras de entrada o prohibir actividades lícitas vía reglamentos administrativos solo desincentiva la digitalización y aumenta la incertidumbre jurídica, agrega Gonzalo Navarro, de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI).