Uber y otras apps de taxi afrontarán intento de regulación del Congreso [VIDEO]

Miguel Angel Elías Ávalos, congresista de Fuerza Popular, ha presentado un proyecto de ley que busca regular el servicio de taxi que prestan diversas plataformas informáticas como Uber, Taxibeat, Easytaxi, Cabify y sus pares de origen peruanos - como la propuesta Gaima App-. La iniciativa ha generado recelo y levantado polémica entre los abogados del sector.

El proyecto de ley 1505/2016-CR busca regular el servicio privado de transporte de pasajeros que es brindado a través de intermediarios, es decir las Apps o plataformas tecnológicas que conectan pasajeros con usuarios. Establece una serie de requisitos a cumplir, entre ellos no recoger pasajeros de la calle no inscritos al servicio, emitir comprobantes de pago, contar con mecanismos para identificar al vehículo y la ruta a seguir, entre otros.

La norma no solo exige que quien brinda el servicio tenga al menos una oficina administrativa local, sino que propone la creación de un Registro Obligatorio de Plataformas Tecnológicas para el servicio de Trasporte Privado. En dicho listado deberán estar inscritas todas las empresas que deseen brindar el servicio en el Perú.

En el país existen unas ocho Apps de taxi que capturan al mes el 10% de las carreras que se realizan en la capital. En términos monetarios se calcula que movieron unos S/240 millones el 2016.

VOCES DISCONFORMES
​"Esta propuesta es una muestra de cómo la regulación puede estar muy desfasada de la realidad", lamentó Mario Zúñiga, catedrático de la Universidad de Lima. La norma propone crear un servicio y establecer las reglas de su funcionamiento cuando este ya fue creado por el mercado, tiene su propia dinámica, se rige por el Código de Defensa del Consumidor y no necesita normas adicionales, añadió.

A su entender el problema es que se parte de un mal enfoque y de un desconocimiento del negocio basado en la economía colaborativa, es decir aquella que se basa en el uso compartido de bienes y servicios. La realización de las transacciones en este modelo, explicó, se realiza a través de aplicaciones o páginas web en donde se encuentra el proveedor con el prestador y la norma no lo termina de comprender.

"Forzar la regulación sin entender la dinámica terminará logrando que se retroceda en lo ya realizado", advirtió Erick Iriarte, del estudio Iriarte&Asociados. El proyecto, añade, no se enfoca en el principal problema, que podría ser el tratamiento de los datos privados en dicha plataforma, sino que entra a regular una realidad digital "que desconoce" y trata de plantear esquemas territoriales para algo basado en un entorno digital (no territorial, de acceso global).

La consecuencia de aprobar una norma como está, según coinciden los expertos consultados, es que algunas aplicaciones extranjeras no podrían ser utilizadas en el entorno local hasta tener una oficina en el Perú. Las iniciativas locales tendrían que montar un centro de atención telefónica al cliente y en suma, se podría elevar el costo del servicio.

La propuesta ha sido basada en similares iniciativas que aun se están debatiendo en Chile y México y no han estado exentas de polémicas, añadió Miguel Morachimo, director ejecutivo de Hiperderecho. Aumentar los requisitos puede reducir la competencia y elevar las tarifas, agregó luego de recalcar que lo más "grave" es que obliga a la empresa a estandarizar su oferta y "reduce su capacidad" de probar nuevos servicios, incursionar en nuevos mercados y frena la innovación constante en la oferta, algo propio de este tipo de servicios online.

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