(Foto: Archivo)
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La semana pasada, las alertaban que el Régimen Especial de Jubilación Anticipada () genera una distorsión tan grande en el sistema previsional, que hasta se han dado casos de menores de 40 años realizando el trámite para acceder al mismo.

¿Tiene sentido hacerlo? Imaginemos una persona de 40 años que entró al mercado laboral a los 24 años y que en todo momento -salvo el último año- aportó al sistema previsional privado; asimismo, que su ingreso ha sido de S/1.000 a lo largo de todo el período (el ejercicio es escalable; por ejemplo, para un ingreso de S/7.000, multiplique las cifras por 7). 




Bajo esas premisas, y con una rentabilidad promedio de 5% anual, podría lograr una pensión mensual de S/143. Para alcanzar una pensión de S/400, necesitaría que su fondo previsional llegue a S/76.000. Sin embargo, su fondo acumulado sería de solo S/27.189; es decir, necesitaría adicionalmente S/48.811. Si supusiéramos que trabajó desde los 22 años, necesitaría casi S/43.441. Y si la rentabilidad promedio hubiera sido 8% anual, le faltarían S/32.260.

Quedémonos con el último caso. Para lograr S/76.000, supongamos que se endeuda por S/20.000 y que ya tenía otros S/12.260 ahorrados. Con ello, retira el 95,5% del fondo alcanzado, es decir S/72.580. Devuelve los S/20.000 que le habían prestado y se queda con S/52.580. Asumamos que logre obtener una rentabilidad que duplica la de su AFP (es decir, 16% anual). A un ritmo mensual de gasto de S/700 (70% de su ingreso laboral), gastaría su fondo y su rentabilidad en 14 años, es decir cuando tenga 54 (y este es un escenario optimista). 

Si un trabajador opta por tramitar el REJA, debería entonces tener una fuente alternativa de ingresos; sin embargo, esta probablemente sea informal, irregular y menor a S/1.000 mensuales. Siendo así, será difícil que deje de trabajar efectivamente cuando cumpla 65 años.

Casos como este nos demuestran que el sistema previsional privado es tan mal percibido (lo que en parte se debe también a los propios errores de las AFP) que tiene afiliados que tratan de alejarse de él apenas pueden, aún cuando las alternativas no son necesariamente mejores.

Revertir la situación es un reto. En 1991, alrededor de 25% de la población mayor de 65 años recibía pensión de jubilación. A 2017, 18% de los mayores de 60 la recibía (y un 12% adicional recibía Pensión 65). Tras 25 años del sistema privado, ni ha disminuido la carga para el Estado ni ha aumentado la cobertura previsional. De mantenerse condiciones como la descrita, en los próximos 25 años la situación de los adultos mayores y la posición fiscal -por el gasto que se les destine- solo pueden seguir empeorando.