Tres consorcios compiten por el aeropuerto de Chinchero - 2
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Redacción EC
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Por Alonso Segura, ex ministro de Economía y Finanzas

Esta semana el gobierno dio otra contramarcha en Chinchero, politizando, una vez más, un tema estrictamente técnico. Sin embargo, la ofensiva mediática del gobierno continúa, culpando al contrato para justificar una adenda perjudicial al Estado. 

Se argumenta que como el contrato original no incluía un tope a la tasa de interés, el concesionario, Kuntur Wasi (KW), podía cobrar lo que quisiera. No es cierto. La estructura financiera propuesta por el banco de KW muestra un cierre a 7%, en línea con el modelo de Pro Inversión. La tasa se dispara a 22% porque KW incluye partidas que el contrato no permite, inflando así la factura al Estado y desconociendo condiciones del concurso. Pero el contrato “lesivo” funcionó, le permitió a este MTC rechazar la propuesta financiera de KW en noviembre por ser perjudicial para el Estado. Los US$589 millones de ahorro de intereses tampoco existieron, eran una pretensión no aceptada de KW. 

El contrato indicaba que el cierre financiero debía acreditarse 30 días antes del inicio de obras y el cronograma de obras estaba en el expediente técnico aprobado. ¿Qué pasó? El cierre se atrasó meses por responsabilidad de KW y su propuesta financiera se rechazó por leonina. El contrato prevé caducidad por culpa del concesionario. Si el gobierno resolvía el contrato, KW no tenía argumentos para ganar en Ciadi. Y Ciadi no impide relicitar, no retrasa ni un día. ¿Cómo, entonces, se ofrece licitar el gasoducto en nueve meses, rediseño incluido, y en Chinchero, que es más sencillo, esto tomaría 3 o 4 años? 

Lo del contrato “lesivo” es un pretexto. El gobierno nunca ajustó a KW, no lo conminó por sus incumplimientos. No desplegó acciones mínimas en defensa del Estado. Lo lesivo es la adenda. Analicemos. 

INCONSISTENCIAS

Para admitirla se invocó la causal excepcional de imposibilidad de cierre financiero. El contenido del pedido tenía que formularlo el banco de KW (acreedor permitido). Pero la propuesta de que el Estado financie todo salió del propio Estado. Esto lo han declarado públicamente el MEF, el MTC y KW. Esto incumple la causal invocada. Fue orquestado. ¿Debió admitirse la adenda? Primera inconsistencia. 

En cuanto a su contenido, está prohibido por ley modificar condiciones de competencia de la adjudicación. Estas establecían que los US$265 millones los tenía que conseguir y aportar KW, y recuperarlos años después. Ahora todo lo pone el Estado. Segunda inconsistencia. Y al asumir el Estado las obligaciones de KW, se transgrede otro principio legal, que los riesgos y recursos en una APP sean “preferentemente privados”. Tercera inconsistencia. 

Una adenda tampoco puede modificar el equilibrio económico financiero de la concesión. Ositrán ya señaló que la rentabilidad de KW sería mayor a 20% con la adenda. Ahora el ministro Martín Vizcarra dice que podrían reducir los años de la concesión, pero que eso solo puede hacerse a partir de julio. Tampoco es cierto. Sí se podía reducir el plazo en la adenda, más aun porque beneficiaba al Estado, y ya se estaban modificando pagos y obligaciones, solo que a favor de KW. ¿Por qué no se hizo? Cuarta inconsistencia. Peor aun, la adenda otorga un adelanto inmediato de US$40 millones a KW, pese a que las obras de la segunda etapa empiezan recién en dos años. Se le financia hasta el capital de trabajo. Esto no existe ni en obra pública. Quinta inconsistencia. 

El MTC ofreció publicar “todo sobre Chinchero” en su web. Omite información relevante. Por ejemplo, el oficio de Pro Inversión que demuestra que KW si conocía, al momento del concurso, los supuestos del modelo financiero y, por tanto, no había causal para negociar una adenda. Tampoco se publican los oficios del actual MTC a KW señalando que los intereses intercalares eran parte de la oferta del postor, para luego sostener lo contrario. 

Suspender la ejecución contractual de un proyecto recién adendado, y proponer ahora cambios, por temor a acciones de control, no es sinónimo de transparencia. Es tratar el marco institucional de APP como la chacra de funcionarios de turno. En la adenda se han cometido una serie de actos técnica y legalmente cuestionables, violentando la institucionalidad del sistema en ese proceso. 

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