La minería ilegal pretende ahuyentar a las operaciones mineras formales

Y es que de un tiempo a esta parte se ha vuelto moneda común en los enclaves de minería informal que bandas delincuenciales, coludidas con mineros ilegales, irrumpan en las operaciones informales para apropiarse de ellas.

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Ejemplo de esto es lo que acaba de ocurrir en el centro minero artesanal La Rinconada (Puno), el más grande del Perú, donde delincuentes armados asaltaron y capturaron días atrás una bocamina para extraer el mineral aurífero a sus anchas, refiere José Farfán, ex director de formalización minera del Ministerio de Energía y Minas.

“Lo osado, ahora, es que han intentado hacer lo mismo con Poderosa, que es el segundo productor aurífero (formal) más grande del país, lo cual quiere decir que el problema ha superado todo lo imaginado”, indica el especialista.

La misma empresa ha reconocido este escenario caótico en un comunicado difundido el pasado 2 de diciembre, donde da cuenta del “deterioro de las condiciones de seguridad en la zona, como consecuencia del crecimiento exponencial de la minería ilegal, coludida con la criminalidad organizada”.

Debido a ello, la empresa aurífera tiene hoy que lamentar el asesinato de 17 de sus colaboradores: diez en el atentado del pasado 2 de diciembre y siete en anteriores ataques; además de la destrucción de diez torres de alta tensión, maquinarias y equipos.

Para la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) queda claro que esta estrategia de destrucción está orientada a crear zozobra para espantar al inversionista minero.

“La técnica consiste en utilizar dinamita y destruir la infraestructura para poder apropiarse del territorio, incluyendo la unidad minera”, anota Angela Grosshein, directora ejecutiva del gremio minero-energético.

La funcionaria advierte que no se trata de un hecho aislado, pues otras operaciones formales vienen sufriendo parecido acoso en años recientes, aunque de forma menos cruenta.

Es el caso del proyecto mineros Los Chancas (Southern Copper) y el tajo Chalcobamba, de la mina Las Bambas (MMG), los cuales han sido invadidos por mineros ilegales en Apurímac. El diario Gestión ha reportado también varios asesinatos perpetrados por bandas delincuenciales en la mina de oro Shahuindo (Pan American Silver), en Cajamarca.

Y este Diario ha recabado información sobre actividades de minería ilegal en las inmediaciones del proyecto minero Tía María (Souther Copper), en Arequipa.

EL PROBLEMA DEL REINFO

Dante Vera, gerente general de V&C Analistas, ha señalado como detonantes de esta problemática a la crisis agraria, la resurgente pobreza, la expansión de las bandas internacionales y el alza acusada de los precios del cobre y el oro, particularmente, de este ultimo, el cual alcanzó ayer una cotización histórica de US$2.135 la onza.

Todo esto, bajo el manto de protección que otorga el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), creado en los gobiernos de Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski para facilitar dicho proceso pero que, en la práctica, blinda y otorga impunidad a los mineros ilegales.

Y es que en dicho registro están comprendidos tanto los mineros que desean formalizarse y están en capacidad de hacerlo, como los que no lo desean y “han obtenido su inscripción de cualquier forma, solo para poder facturar”, explica Farfán.

De acuerdo a información del Minem, hay 87.771 mineros inscritos en el Reinfo, de los cuales cerca de 69.705 mil tienen su registro suspendido.

Entre estos habría un grueso número de ‘mineros’ que utilizan su inscripción para invadir áreas de terceros, minar en zonas no declaradas y vender oro de manera ilegal, apunta Grossheim.

Precisamente, para separar la ‘paja del trigo’, el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, anunció en Trujillo que su cartera tomará una serie de acciones, entre ellas el “control de aquellos mineros que están usando el Reinfo de manera ilegal”.

A ese efecto, la dirección general de formalización minera (DGFM) del Minem indicó a este Diario que está elaborando un proyecto normativo para que los mineros con registros suspendidos dejen de formar parte del Reinfo.

“Eso va a facilitar la acción punitiva y vamos a poder identificar adecuadamente a los mineros que se quieren aprovechar de este mecanismo”, señaló Alberto Rojas, director de la DFGM.

En paralelo, Grossheim aconseja crear un sistema que pueda fiscalizar adecuadamente a los mineros que quedarán en el Reinfo (unos 15 mil), dado que los gobiernos regionales, encargados de esta labor, no tienen los recursos ni las capacidades para hacerlo.

José Farfán estima que estos solo están en capacidad de evaluar 50 expedientes por año, lo cual es “nada respecto a los 15 mil registros de Reinfo vigentes”, remarca.

Finalmente, la SNMPE recomienda mejorar la trazabilidad de la cadena productiva, no solo del oro, sino de los diferentes insumos que se utilizan en el proceso productivo, como los explosivos y el mercurio.

Cerca del 40% de la producción nacional de oro es generada por mineros pequeños mineros formales, informales e ilegales.