Honestidad para hacer la diferencia, por Fernando Rospigliosi

El lema de la campaña de Ollanta Humala y Nadine Heredia en el 2011 podría ser en realidad el distintivo de las izquierdas en las últimas décadas. Siempre presumieron de poseer una integridad, fuerza moral y ética incólumes que las hacía superiores a las derechas supuestamente corruptas.

Ahora no cabe duda de que en todos los grupos de izquierda hay tanta corrupción como en los de derecha. La ideología no hace ninguna diferencia.

El asunto es que durante mucho tiempo las izquierdas pudieron alardear de honestidad porque no habían llegado a ocupar puestos de poder. Pero cuando los han alcanzado, han mostrado ser tan corruptibles como sus colegas de otras tendencias.

Desde Gregorio Santos (Cajamarca) y Jorge Acurio (Cusco), hasta Susana Villarán, pasando por Humala y Heredia, hay suficientes ejemplos que demuestran que su ideología no los inmuniza ni mucho menos contra las tentaciones de la corrupción.

No obstante, en el caso de la ex alcaldesa de Lima hay varias diferencias con otros recientes, como el de Keiko Fujimori, por ejemplo.

De acuerdo con las declaraciones de los colaboradores eficaces y los argumentos de la fiscalía, Villarán –y su gerente municipal– recibieron US$6 millones para la campaña del No en el 2013, la mitad de Odebrecht y la mitad de OAS, empresas con las que el municipio de Lima que ella gobernaba tenía enormes contratos. Y para la campaña electoral del 2014 por la reelección, otros US$4 millones de OAS.
Quedan pocas dudas de que esas empresas aportaron esas abultadas sumas a cambio de beneficios indebidos brindados por las autoridades municipales.

Sin embargo, a Fujimori la acusaron junto a otros 20 miembros de su partido político como integrantes de una organización criminal y los encarcelaron, a pesar de que nunca fue gobierno. Varios de ellos siguen presos ahora.

También la exhibieron con el chaleco de detenida y esposada.
Por supuesto, no se trata de pedir que a Villarán –ni a nadie– la humillen de esa manera. Pero las diferencias de tratamiento muestran algo que algunos pretenden pasar por alto: el sistema judicial no mide con la misma vara a todos, lo que es un reflejo del sesgo político que lo contamina.

En el caso de la ex alcaldesa, además, la fiscalía sostiene que no todos los US$4 millones (unos S/13 millones) de OAS para la reelección se gastaron en la campaña. Es decir, habría sucedido algo similar a lo que hicieron Humala y Heredia con el dinero venezolano y brasileño que desviaron para sus bolsillos. No necesariamente para Villarán, sino quizás para algunos de sus colaboradores.

Otro caso es el de las coimas por US$17 millones que, según la fiscalía, recibió el ministro de Transportes de Humala y Heredia, Carlos Paredes, que ocupó ese cargo durante casi tres años (2011-2014). Su hermano José Paredes es un militar retirado, compañero de promoción de Humala, que habría sido uno de los intermediarios de las coimas que desembolsaba el ‘club de la construcción’ para obtener obras. José Paredes, propietario de una empresa de seguridad en Arequipa, era el que pagaba miles de dólares mensuales a Nadine Heredia por asesorías ficticias antes del 2011, presumiblemente un mecanismo para lavar el dinero venezolano que recibieron en la campaña anterior.

Es poco probable que el entonces ministro de Transportes haya sido el destinatario final de todos los sobornos que, según la fiscalía, recibió.
En suma, de acuerdo con lo avanzado hasta ahora por el Ministerio Público, durante las gestiones de Humala y Heredia, y Villarán hubo coimas enormes pagadas a cambio de obras públicas. La existencia de graves delitos, si son ciertas las acusaciones, está fuera de duda. Sin embargo, la atención pública, conducida interesadamente, se ha centrado más bien en los aportes a las campañas electorales de algunos candidatos, cuya naturaleza delictiva está en discusión.

Otrosí digo. El senado italiano aprobó por 201 votos contra 38 la incorporación de la doctrina del Castillo al Código Penal, después de que la Cámara de Diputados hiciera lo propio. Ahora ya es ley. Eso significa que los ciudadanos podrán defender su casa, su castillo, de cualquier intrusión, y su defensa será considerada siempre legítima. ¿Y en el Perú cuándo? En lugar de perder el tiempo discutiendo y sancionando normas necias como la del colegio de politólogos, el Congreso debería hacer algo útil en favor de la seguridad ciudadana e incorporar ese principio al Código Penal.