Se viene el huaico, por Alfredo Torres*

Como se anticipaba, el apoyo popular al presidente Martín Vizcarra empezó a declinar. La caída de cinco puntos porcentuales de aprobación a su gestión este mes, que puede sumarse a los tres puntos que perdió el mes anterior, lo ubica ya lejos del pico que alcanzó en diciembre, luego del referéndum, cuando llegó a 66%. Aun así, la aprobación de 58% que registra hoy la encuesta de El Comercio-Ipsos es muy superior a la de sus predecesores, todos los que habían caído por debajo de 50% antes de llegar a los 11 meses de gestión, que es el tiempo que tiene Vizcarra en el poder.

El apoyo a Vizcarra se mantiene estable en Lima. Sin embargo, ha caído fuertemente en el sur, donde ha pasado de 56% a 43%. El sur ha sido la zona más afectada por los huaicos, así que es natural pensar que esa es la explicación, pero no es la única. Quienes lo desaprueban acusan a su gobierno de corrupción y, en el caso del sur, de pretender privatizar el agua, motivo por el que se produjo la semana pasada un paro agrario que incluyó el bloqueo de carreteras y vías del tren a Machu Picchu. El gobierno ya aclaró que no hay ninguna intención de privatizar el agua, pero las acusaciones de corrupción lo seguirán acechando, como ocurrió esta semana, cuando un aspirante a colaborador eficaz sostuvo que había participado en el aporte de una empresa de construcción a la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski en presencia de Vizcarra.

La lucha contra la corrupción se mantiene, a su vez, como la principal razón de aprobación entre quienes respaldan a Vizcarra. Si bien esa es una tarea que depende fundamentalmente de la acción de fiscales y jueces, el respaldo presidencial a estas gestiones es apreciado por la opinión pública. En ese sentido, el huaico de declaraciones que los ex funcionarios de Odebrecht darán en los próximos días a los fiscales peruanos tendrá, sin duda, un gran impacto.

El segundo factor de aprobación es el trabajo que se viene llevando a cabo en el campo de la seguridad ciudadana. Este factor también se refleja en el incremento en la aprobación a la gestión del ministro del Interior, Carlos Morán. Sus declaraciones en favor del suboficial que fue detenido por abatir a un presunto asaltante en Piura y los operativos policiales en La Victoria y San Juan de Lurigancho son algunas de las razones de este mayor respaldo.

A pesar de ello, la aprobación a la gestión del Ejecutivo sigue cayendo. Actualmente, se encuentra en 31%. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con la aprobación presidencial, la aprobación al gobierno es parecida a la que tenían los gobiernos anteriores en un período similar. Así, luego de 11 meses, el gobierno de Humala tenía 34%, el de García también 34% y el de Kuczynski 31%. La diferencia es que la brecha entre la aprobación presidencial y la del Poder Ejecutivo entonces bordeaba los diez puntos porcentuales y ahora es de 27 puntos.

Otro caso de divergencia entre la aprobación personal y la institucional se da en el Congreso. El respaldo a su presidente, Daniel Salaverry, es considerablemente mayor que el del Congreso de la República, como se verá en los próximos días en este Diario. Evidentemente, actitudes como el ‘blindaje’ de la mayoría al general Edwin Donayre, condenado a prisión efectiva por robo de combustible al Ejército, perjudican la imagen del Parlamento en un contexto en que la población está indignada por la corrupción.

A diferencia del sentenciado general Donayre, la acción de las Fuerzas Armadas en los desastres naturales ha sido nuevamente muy apreciada. La reducción de las compras de costoso material bélico y su reorientación a la defensa civil, que militaristas y traficantes de armamentos rechazan, se vuelven cada vez más perentorias en un contexto de creciente cambio climático. Pero la falta de prevención sigue siendo una tarea pendiente. Contra lo que pudiera creerse, la población no espera mucho de sus municipios –que frecuentemente convalidan la ocupación de áreas vulnerables–, sino del Gobierno Central para esta tarea. Y las Fuerzas Armadas podrían ser el brazo ejecutivo también en esta lucha.

Pero, en el fondo, la mejor defensa contra los desastres naturales es el desarrollo económico e institucional. Las grandes empresas agroexportadoras y mineras, por ejemplo, invierten muchos recursos en proteger sus inversiones y centros poblados de los riesgos de un huaico o un aluvión. Lamentablemente, no todas las autoridades piensan así. Por ejemplo, el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, se opone tanto a la inversión agroexportadora en Majes-Siguas II como a la inversión minera en Islay. Evidentemente, si no se desarrollan esas oportunidades, más peruanos seguirán subsistiendo en el minifundio o la actividad informal. Si el presidente Vizcarra quiere emprender una cruzada por la prevención contra las inclemencias del clima, debería incluir en su prédica la necesidad del desarrollo económico e institucional.

*El autor es Presidente Ejecutivo de Ipsos Perú.