Editorial: De la teoría a la práctica

El presidente Martín Vizcarra ha anunciado que enviará al Congreso los otros tres proyectos de reforma constitucional que ha propuesto someter a referéndum. Hasta ayer, solo uno había llegado al Congreso: aquel que plantea la reestructuración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Dicha propuesta busca reformular el sistema de elección de los consejeros del CNM, para pasar del sistema de representación actual –en el que los miembros son elegidos por instituciones del Estado y de la sociedad civil, como colegios profesionales y universidades– hacia uno de concurso público de méritos. Este último estaría liderado por una comisión especial conformada por los titulares del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República.

El objetivo de la reforma es mejorar el proceso de nombramiento de consejeros para elegir a los más idóneos. Una meta sin duda positiva. Luego de la corrupción destapada por los audios difundidos en el último mes, nadie puede negar que un cambio radical en el CNM es necesario. Como ya hemos dicho en estas páginas, la forma corporativista en la que actualmente se elige a los consejeros del CNM abre la puerta a los “intercambios de favores” como los exhibidos en los audios. Pues el cabildeo entre las distintas autoridades encargadas de elegir a los consejeros se repite entre estos últimos una vez que asumen el cargo.

La propuesta de reforma no solo implica replantear la manera de elegir a los consejeros, sino determinar con mayor cuidado quiénes ocuparán esos cargos. Con ese espíritu, el proyecto propone que sean abogados con más de 30 años en el ejercicio de su profesión y con “una intachable trayectoria personal, profesional, democrática, de integridad y respeto a los derechos humanos”, quienes, además, no deberán tener antecedentes penales o judiciales. La composición del CNM tendrá que contar también con una participación equilibrada entre hombres y mujeres.

Para que esta cirugía sea fructífera, sin embargo, habrá que vigilar su aplicación. Primero, porque la comisión especial que escogerá a los miembros del CNM incluye a titulares de algunas instituciones que se han visto manchadas por el escándalo de los audios, como el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación. Para contrarrestar cualquier duda que podría generar en la reforma la participación de estas dos instituciones, así como para despejar las sombras de una posible cooptación, se debe asegurar la completa transparencia del proceso de concurso público que estará a su cargo. Esto, precisamente, es lo que la nueva ley buscaría al dejar explicitado que “el procedimiento de selección brinda garantías de máxima publicidad y transparencia y promueve la vigilancia ciudadana”. Lo último, claro está, es una invitación para que la sociedad, a través de organizaciones civiles, el periodismo o los propios ciudadanos, cautele la probidad de las designaciones.

El proyecto de ley tampoco explicita cómo logrará que –una vez establecidos los consejeros del CNM– el proceso de selección de los jueces y fiscales sea el más apropiado. Pues como se ha visto, no solo ha habido favoritismos de parte de algunos consejeros, sino que las preguntas de las evaluaciones muchas veces han sido de un pobre nivel, además de inapropiadas (recuérdese la ya célebre: ¿cómo se prepara el cebiche de pato?).

En la exposición de motivos, sin embargo, sí se reconoce este posible problema con los consejeros, y por ello se sostiene que –además de transparentar su actuación– se necesitará establecer, mediante una ley, “un régimen amplio para regular y sancionar el conflicto de intereses en que [estos] puedan incurrir”.

Queda por ver, también, cómo el Gobierno explicará esta propuesta a la ciudadanía que votará en el referéndum. Después de todo, se trata de procesos complejos que tendrán que ser transmitidos a personas que no conocen en detalle la forma cómo funciona el sistema judicial.
Finalmente, gran parte del éxito de este proyecto dependerá de cómo caminen otras instituciones que hoy necesitan ser apuntaladas, como una autoridad nacional de transparencia que sea verdaderamente autónoma (y que transparente realmente la labor del Estado).
En todo caso, lo cierto es que el reto de la reforma del CNM no está solo en su regulación a nivel constitucional, sino principalmente en los detalles de su implementación.