Editorial: Fuera de control

Desde que fue designado contralor general de la República en junio del año pasado, Edgar Alarcón ha figurado en los titulares de los medios con una periodicidad considerablemente mayor a la de sus antecesores. No obstante, ello no se ha debido a alguna acción excepcional y destacable de su institución que amerite una atención especial, sino a un rosario de acusaciones en su contra que van desde un supuesto plagio en el trabajo con el que obtuvo su título profesional hasta otras denuncias más serias con implicancias legales.

En las últimas semanas, algunos de estos cuestionamientos –los más recientes– han motivado la creación de un subgrupo de trabajo en la Comisión Permanente del Congreso para evaluar su permanencia en el cargo.

Ello a propósito, por un lado, de las críticas generadas tanto por la supuesta falta de rigurosidad técnica del informe que emitió la contraloría sobre la adenda 1 del contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero, como por la verosímil acusación de que fue él quien grabó el polémico audio de una conversación privada que mantuvo con el ministro de Economía, Alfredo Thorne (ambos puntos ya comentados en esta página hace algunos días).

Y por otro lado, el subgrupo también evalúa una serie de compras y ventas de vehículos y terrenos que llaman la atención tanto por el número de transacciones como por el valor de los intercambios. A la acusación del auditor Walter Grados (quien alertó que Alarcón habría comprado nueve vehículos por más de US$182.500 entre el 2012 y el 2015 para luego venderlos, sin incluir estas transacciones en sus declaraciones juradas y pese a haber estado legalmente impedido de realizar actividades lucrativas durante dicho período) siguió lo revelado por este Diario sobre el panorama completo de estas operaciones vehiculares. En total, y según la información consignada en Registros Públicos, entre el 2002 y el 2016 Alarcón adquirió 42 autos por más de US$600.000.

Ayer, en una sesión que se extendió por más de tres horas, el contralor emitió sus descargos sobre estos y otros hechos ante el referido subgrupo. No obstante, sus respuestas no lograron disipar las principales dudas.

Sobre la compraventa de vehículos, en particular, Alarcón aseguró que no existió en realidad ninguna actividad lucrativa irregular o que amerite ser incluida en sus declaraciones juradas, ya que solo se trataría de una práctica personal que acostumbra realizar “para mantener vigente el parque automotor familiar”. Una respuesta francamente poco verosímil, sobre todo si se considera la llamativa cantidad de las operaciones familiares (si a las compras y ventas hechas por Alarcón se suman las realizadas por sus hijos, el total de vehículos llega a 107 y el valor de las transacciones supera el millón de dólares).

A ello se suma el hecho de que, en varios episodios puntuales durante su intervención, la información proporcionada por el contralor respecto a los períodos, cantidades y montos de estas transacciones no correspondía con lo detallado en Registros Públicos.

Pero más allá de este episodio, lo cierto es que a lo dicho hasta aquí cabría agregar varios otros asuntos que han puesto en duda la idoneidad del contralor para ejercer el cargo que ocupa. Por ejemplo, las veces en que su afán de protagonismo lo ha llevado a emitir acusaciones antes de tiempo o la manera en que le requirió a Grados que retire la denuncia en su contra antes de que esta sea conocida (“Piénsalo, Walter, no quiero presionarte, no te estoy hostilizando, no te estoy chantajeando. […] Por la amistad que tenemos, te digo piénsalo”).

Nuestra legislación vigente exige que para ocupar el cargo de contralor debe manifestarse una “conducta intachable y una reconocida solvencia e idoneidad moral”. Considerando todos estos hechos, es evidente que esa solvencia moral hoy ha sido puesta en duda. Y que, por ende, lo más apropiado para una institución tan importante como la contraloría sería que el señor Alarcón, sea por renuncia o destitución, no continúe más en el cargo que hoy ocupa.