¿Verdad, media verdad o mentira? En esta sección analizamos el grado de veracidad de las propuestas y aseveraciones de los candidatos que aspiran a ocupar el sillón presidencial. Desde Internet gratuito para todo el mundo hasta exorbitantes sumas para inversión en seguridad ciudadana, las múltiples y entusiastas promesas de campaña recién comienzan.
“El 6% del presupuesto será para la educación. Invertir en educación es construir país a futuro”.
César Acuña, 4/12/15
Esta es quizá la propuesta más publicitada del candidato de Alianza para el Progreso (APP). En más de una ocasión ha señalado que incrementar el presupuesto del sector Educación a 6% del PBI será la primera medida que tomaría en una eventual juramentación como presidente.
La iniciativa tiene algunas limitaciones. La primera, y la más obvia, es que el presupuesto para el año 2016 ya ha sido aprobado por el Congreso, de modo que cualquier propuesta fiscal deberá esperar para su implementación al 2017 y obtener, además, la luz verde del Legislativo.
La segunda es que se trata de una propuesta sumamente costosa. A pesar de los repetidos cuestionamientos que se le han planteado al respecto, no queda del todo claro de dónde sacará el señor Acuña los S/.15.000 millones adicionales necesarios para cumplir su promesa en un contexto de déficit fiscal creciente, menores impuestos y endeudamiento cada vez más costoso. A la fecha, el presupuesto del sector Educación asciende a 3,85% del PBI. Solo los recursos adicionales necesarios para alcanzar el mencionado 6% son más que todo lo que el aparato estatal destina en recursos ordinarios a legislar, relaciones exteriores, trabajo, comercio, turismo, pesca, energía, minería, industria, comunicaciones, ambiente, agro, saneamiento, vivienda y defensa.
“Mi gobierno será de rostro humano y, por ejemplo, ningún cesante ni jubilado recibirá de pensión menos del sueldo mínimo vital”.
César Acuña: (25/10/15)
Las promesas de reformas en el sistema previsional serán una característica constante de esta campaña electoral. Eso no implica, sin embargo, que todas sean igual de viables.
César Acuña prometió, por un lado, elevar el salario mínimo a S/.900 mensuales, y, por otro lado, que las pensiones de jubilación no puedan ser inferiores a dicho monto.
Hoy, aquellos que reciben pensiones de la ONP –suman poco más de medio millón de jubilados– reciben en promedio S/.680 al mes. Llevar esta cifra a S/.900 implicaría aumentar en un tercio la carga a un sistema previsional estatal que ya depende de las transferencias del Tesoro Público (es decir, de los impuestos) para funcionar. Ello, además, sin contar a aquellos afiliados a la ONP que, por no poder demostrar 20 años de aportes, no reciben pensiones. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aproximadamente dos tercios de los afiliados a la ONP se encuentran en esta situación.
Tomando en cuenta ambos grupos afiliados a la ONP –e incluso dejando de lado a aquellos que reciben pensiones menores al salario mínimo del Sistema Privado de Pensiones, quienes presumiblemente también entrarían en la propuesta del señor Acuña–, el costo de esta medida no sería inferior a S/.1.000 millones, monto superior a todo el presupuesto anual de los ministerios de Cultura y Ambiente sumados.
“En mi gobierno invertiremos cerca de S/.25.000 millones durante los cinco años en seguridad ciudadana”.
César Acuña, 27/11/15
La seguridad ciudadana es uno de los aspectos que más preocupa a la población y un punto crucial por debatirse en esta campaña. Los candidatos lo saben. No por ello, sin embargo, se deben mantener los montos fuera de proporción. Actualmente, el presupuesto del sector público para el 2015 asciende a S/.151 mil millones.
De este monto, S/.560 millones, equivalente al 0,4%, ha sido destinado a la inversión para luchar contra la inseguridad ciudadana. Más aun, del total presupuestado para estas inversiones, a diciembre de este año se ha podido ejecutar apenas el 29%.
Tomando en cuenta los cinco años de gobierno, para alcanzar los S/.25.000 millones prometidos, el candidato por APP propone entonces multiplicar en casi 10 veces los recursos destinados por año a combatir la inseguridad ciudadana. Este monto es sumamente significativo –equivalente, por ejemplo, a todo el presupuesto anual del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) para financiar los programas sociales del gobierno–, y es razonable preguntarse de dónde saldrán los recursos.
Todo ello, además, sin mencionar que si el Estado no tiene la capacidad para invertir S/.560 millones a lo largo de un año en seguridad, difícilmente la tendrá para invertir 10 veces dicho monto.