“El derecho al agua”, por Angus Laurie

El jueves 2 de enero, por cuarta vez en la última semana, Sedapal avisó de un corte en el servicio de agua potable para nuestra megaciudad de 10 millones de habitantes.

El tema del agua ha sido preocupante este año. Las lluvias en diciembre registraron su nivel más bajo en muchos años. Por otro lado, la abundancia de lluvias en lugares inesperados, durante la segunda mitad de enero, provocó una serie de huaicos. Como resultado, troncos y piedras bajan por los ríos afectando la capacidad de Sedapal de captar el agua en sus bocatomas. Todo esto nos muestra lo frágil que somos en términos de un recurso tan básico como el agua.

Como respuesta al problema, Sedapal pidió a las personas tener más cuidado sobre el uso de este recurso, enfatizando en el llenado de piscinas o en no usar el agua potable para servicios como el lavado de autos. Por otro lado, Sunass (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento) anunció que elevará el precio del agua en un 10% desde julio. La lógica es que un incremento en el precio resultará en una reducción o mayor cuidado en el consumo del agua. Es la aplicación de oferta y demanda en su forma más elemental.

El problema con esto es que el agua no es un producto, sino un recurso y una necesidad básica para vivir. De hecho, el acceso al agua potable es considerado un derecho por la ONU. Elevar el precio del agua reduce el acceso y derecho al uso de este recurso.

Más que simplemente subir el precio, deberían existir mejores maneras para incentivar un uso más responsable y eficiente del agua. Por ejemplo, la familia limeña promedio consume 20 metros cúbicos de agua por mes. Esto tiene un costo de entre S/2 y S/2,5 por metro cúbico. Sabiendo esto, deberíamos entonces cobrar menos por los primeros 20 metros cúbicos por mes y luego aplicar una tasa que se incremente con el uso. De este modo, alguien que necesita agua para sus necesidades más básicas tendrá un acceso sin restricciones, y para los que utilizan más agua, por ejemplo, los que riegan sus jardines o tienen piscinas, el precio aumentaría progresivamente. Esto podría dar un desincentivo al mal uso de este recurso, escaso en nuestra ciudad, sin reducir el acceso básico para quienes lo necesitan.

En paralelo, deberíamos incentivar el mejor uso del agua a través de la legislación. Por ejemplo, se puede normar el uso de griferías e inodoros eficientes, o prohibir a las municipalidades requerir o incentivar la utilización de techos verdes sin revisar el proyecto sanitario de reciclaje de aguas, ya que se trata de un requerimiento cuestionable en una ciudad desértica.

Otra manera sería cambiar el uso de césped por plantas xerófilas. La costumbre limeña de llenar los espacios residuales con césped resulta en un consumo innecesario de agua. Es cierto que hay que hacer algo para confrontar este problema en Lima, pero hay que hacerlo de una forma que no reduzca el derecho a un recurso tan básico para los más vulnerables.