Camila Villard Duran

eligió a un nuevo presidente eligiendo a uno anterior. Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, que ocupó el cargo del 2003 al 2010, derrotó al titular de extrema derecha, , en la segunda vuelta. Pero eso no significa que lo que representaba Bolsonaro haya sido derrotado.

El mero hecho de que haya habido una segunda vuelta explica que el electorado de Brasil, al igual que muchos en todo el mundo, está profundamente polarizado. Bolsonaro, cuyo atractivo es particularmente fuerte entre los militares y los cristianos conservadores, recibió más de 51 millones de votos en la primera ronda, y más de 58 millones en la segunda. También tiene un considerable apoyo entre bastidores –financiero e ideológico– de poderosos intereses económicos, especialmente de la agroindustria. De hecho, la agroindustria representó 33 de los 50 mayores donantes de la campaña de Bolsonaro.

La agroindustria es un sector altamente industrializado en Brasil, responsable de más de una cuarta parte del PBI y del 48,3% de las exportaciones totales en el primer semestre del 2022. Y su alcance geográfico es vasto, cubriendo gran parte del norte, por encima de Sao Paulo; una franja significativa de los estados del sur; dos poderosos estados del centro-oeste, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul; y Roraima, en el norte. La mayor parte de las ganancias de ingresos en Brasil durante la presidencia de Bolsonaro fueron a estas regiones, ya que el sector agrícola se benefició de una moneda nacional devaluada y de los altos precios internacionales de los productos básicos.

El resto de Brasil no tuvo tanta suerte. La alta inflación ha puesto en aprietos a una gran parte de la población, con más de la mitad de los brasileños (125,2 millones de personas) viviendo con algún tipo de inseguridad y el 15% de ellos (33 millones de personas) enfrentando una inseguridad alimentaria severa. En un país que presume de ser el “granero del mundo”, esta es una triste ironía.

No es de extrañar que las regiones dominadas por la agroindustria fueran más proclives a apoyar a Bolsonaro que a Lula. Pero el presidente es solo una parte del rompecabezas político. Incluso sin Bolsonaro en el poder, el agronegocio goza de una amplia representación legislativa. En el 2021, los miembros del Frente Parlamentario Agropecuario (FPA) –la poderosa “bancada rural” de Brasil– comprendían el 46% de la Cámara de Diputados y el 48% del Senado.

La maquinaria política que el agronegocio ha construido en Brasil ha demostrado ser muy eficaz. Tanto con Bolsonaro como con su antecesor, Michel Temer, el FPA promovió, de forma organizada y sistemática, sus intereses, especialmente impugnando los derechos territoriales indígenas para legitimar el uso de las tierras nativas para la producción agrícola. El FPA también ayudó a articular propuestas y enmiendas sobre una serie de cuestiones normativas, como los derechos de los trabajadores, la concesión de licencias ambientales, y la regularización de la tenencia de la tierra y los pesticidas.

Para ilustrar aún más la influencia del ‘lobby’ agrícola, Tereza Cristina, expresidenta del FPA, fue nominada para dirigir el Ministerio de Agricultura de Bolsonaro en el 2019. El 2 de octubre, en la primera ronda de las elecciones nacionales de este año, Cristina –también conocida como “la señora de la deforestación” y “la musa del veneno”– fue elegida senadora por Mato Grosso do Sul, obteniendo más del 60% de los votos.

Cristina no estaba sola. La friolera del 70% de los representantes del FPA en la Cámara de Diputados fueron reelegidos. La organización espera tener al menos 40 de los 81 escaños del Senado en el 2023.

En el Congreso de Brasil también estará el exministro de Medio Ambiente de Bolsonaro, Ricardo Salles. En el 2018, Salles fue condenado en los tribunales por el primer caso de “impropiedad administrativa” cuando dirigía una agencia ambiental del estado de Sao Paulo. Sin embargo, se convirtió en ministro de Medio Ambiente un mes más tarde, y presidió un aumento de la deforestación en la selva amazónica y grandes recortes en los programas de protección del medio ambiente, antes de verse obligado a dimitir el año pasado por las acusaciones de participación en una trama de tráfico de madera.

La influencia política del sector agrícola se corresponde, por lo tanto, con su tan proclamada condición de “pilar de la economía”. Pero su influencia tiene también un importante componente social y cultural. Para gran parte de la población, la vida rural es una especie de identidad nacional, encarnada por la imagen romántica del ‘sertanejo’.

Por lo tanto, el bolsonarismo tiene la influencia económica, política y cultural para sobrevivir a Bolsonaro. En muchos sentidos, el agronegocio –y el FPA, en particular– hará o romperá la presidencia de Lula, particularmente cuando se trate de la política ambiental, la regularización de la tenencia de la tierra y la defensa de los derechos de los indígenas y quilombolas. Si los agentes del bolsonarismo ganan aún más influencia en las elecciones locales de mitad de período dentro de dos años, el desafío para Lula será aún mayor.

La derrota de Bolsonaro merece ser celebrada. Pero nadie –y menos Lula– debe olvidar que las fuerzas que lo potenciaron no han desaparecido.


–Glosado, editado y traducido–

© Project Syndicate, 2022

Camila Villard Duran es profesora asociada de derecho en ESSCA School of Management. Este es un artículo especial de Project SYndicate.