Cantinfladas electorales, por Hugo Guerra

No soy partidario de las teorías del complot, pero creo que estamos corriendo el grave riesgo de deslegitimar el proceso electoral.

Lo más evidente es el caso de la candidatura de Julio Guzmán. La resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respecto a las deficiencias administrativas en las que incurrió el partido Todos por el Perú demoró demasiado y, al final, la votación al no ser por unanimidad no ha permitido zanjar la cuestión de fondo. Decidir si la candidatura es procedente, o si no lo es, de manera natural –y por economía procesal– sí estaba dentro de las potestades del JNE.

Igual de ininteligible es la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) respecto a que la candidatura es inadmisible (que no puede aceptarse por problemas formales), pero que concede 48 horas al partido morado para subsanar los errores advertidos y que, solo después, se evaluará si la candidatura es inscribible.

Jurídicamente todo puede argüirse, pero bajo el principio de que tanto el JNE como el JEE son las máximas instancias electorales, resulta incuestionable la falta de voluntad política para facilitar que el proceso fluya. Para decirlo en términos coloquiales, la cantinflada de los magistrados equivale a un “sí, pero no, porque lo más seguro es que quién sabe”.

Mientras tanto se está construyendo un mito alrededor de Guzmán, quien es inflado por la falsa victimización que él mismo reclama y por una prensa que pone sus reflectores de modo excesivo sobre sus avatares formales, sin escudriñar sus reales propuestas.

Otro tanto viene ocurriendo en el caso de César Acuña, porque aparte de su grotesca posición respecto a que “plagiar no es lo mismo que copiar”, no se entiende por qué no se le ha separado ya de la carrera presidencial si está probado que ha transgredido la prohibición de no regalar dinero a cambio de votos. El proceso pendiente amenaza con ser tan largo que quizá se sentencie en vísperas del 10 de abril, lo cual sería un disparate.

Además, a unos cincuenta días para la votación hay quienes intentan descalificar por presuntos errores formales las candidaturas de la Alianza Popular (especialmente atacando al Partido Popular Cristiano) y de Acción Popular. También desde los residuos del humalismo se ataca a Keiko Fujimori, sin pruebas, para cuestionar el financiamiento de su campaña.

Así las cosas, el tiempo es apretadísimo para cumplir con una serie de pasos claves: las cédulas de votación no deben ser impresas mientras no se sepa si caerán las candidaturas de Guzmán y Acuña, que suman nada menos que el 30% de la voluntad ciudadana. Y el tiempo para distribuir esas cédulas, así como para resolver las tachas y otras observaciones está quedando muy corto.

Es verdad que en el Perú la burocracia, el hiperlegalismo y hasta el tinterillaje afectan siempre la normalidad electoral. Pero este año las cosas se están saliendo peligrosamente de control. Como en política no hay ingenuos, cabe preguntarse si este enmarañamiento es simplemente casual o si hay interesados en quitarle legitimidad a las elecciones con intereses protervos. Si esto último fuese cierto, muy pronto podremos descubrir a los responsables de la maniobra, porque el país no acepta la impunidad de nadie.