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El escuadrón y sus encubridores, por Fernando Rospigliosi

"Por ahora se ha detenido esa peligrosísima práctica de un grupo de policías, pero es necesario que se haga justicia".

El escuadrón y sus encubridores, por Fernando Rospigliosi

El escuadrón y sus encubridores, por Fernando Rospigliosi

Un video filmado en Piura el 27 de febrero del 2015 confirma la existencia de un escuadrón de la muerte o “agrupación irregular”, como la denomina el Ministerio del Interior (Mininter), y evidencia que la execrable práctica de asesinar a presuntos delincuentes a sangre fría y luego montar escenarios para que pareciera un enfrentamiento se estaba generalizando. En realidad, es una técnica que ese grupo difundía en todo el país.

El reportaje de René Gastelumendi en “Cuarto Poder” de América TV (2.10.16) mostró cómo policías le disparan a un individuo herido y desarmado que está echado en el piso, al que arriman a un costado y luego ejecutan. No es una confusión ni un error. Se oye cómo uno de los policías grita “asegúralo” y luego “de lejos”, para que en la posterior pericia forense no parezca lo que es, una ejecución.

Otro individuo muerto aparece después junto al primero: fue arrojado allí por policías que organizaron una escena del crimen para fingir un enfrentamiento. En la tarde, un coronel de la policía dio una conferencia de prensa en Piura para anunciar el éxito policial al abatir a cuatro delincuentes en un combate.

Dos de los policías que participaron en ese operativo, los suboficiales Williams Castaño y Carlos Llanto, son parte del Grupo Especial de Inteligencia Contra el Crimen Organizado (Geico) formado por el general Vicente Álvarez y dirigido por el comandante Enrique Prado Ravines, sindicado como el jefe del escuadrón por varias investigaciones periodísticas. No por casualidad esos suboficiales participaron también en otros casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales investigadas por el Mininter (Santa Anita, Chiclayo y Villa San Francisco).

Hay que precisar que el suceso de Piura no estaba entre los seis casos investigados por el Mininter, ni los varios rastreados por la prensa. El ministro Carlos Basombrío ha explicado que hay otros 19 eventos que la comisión del Mininter no llegó a explorar pero que puso en conocimiento de la fiscalía. (“Expreso”, 6.10.16).

El colombiano activista de derechos humanos Henry Holguín, que filmó el suceso de Piura, entregó el video a la fiscalía y al gobierno regional y nadie hizo nada. Luego de ser amenazado por policías –ellos sí se enteraron que había proporcionado el video–, se fue del país. 

Holguín se atrevió a hablar públicamente ahora porque “hay un ministro que no está tolerando esto”. Ese es un cambio decisivo. El ministro Basombrío y su equipo han tenido el coraje de denunciar a ese escuadrón y de empezar a tomar las medidas para extirparlo. Se necesita valor para hacerlo, no solo por el obvio riesgo de enfrentarse a presuntos asesinos, sino porque políticamente esa práctica infame tiene, al igual que “chapa tu choro”, amplio respaldo en un sector de la opinión pública.

Mención aparte merecen los organismos defensores de los derechos humanos, que han mantenido un escandaloso silencio cómplice. Esos organismos, que jugaron un papel importante en décadas pasadas, callan en todos los idiomas ante la existencia de un escuadrón de la muerte y una práctica criminal que floreció en el gobierno de un presidente que ellos apoyaron. Si hubiera sido un gobierno contrario a sus preferencias políticas, seguramente lo habrían tomado como un caso emblemático.

Lo mismo se puede decir del periodista Gustavo Gorriti, que ha publicado media docena de artículos tratando de negar lo evidente y defender a los promotores de ese grupo. Parecido a lo que hizo el 2013, cuando denuncié la investigación ilegal de la que era objeto por los servicios de inteligencia del humalismo. Luego de que “Cuarto Poder” comprobó el seguimiento en el Parque del Amor, Gorriti publicó dos largos artículos en “Caretas” tratando de desvirtuarlo basándose exclusivamente en la versión de los victimarios, sin consultar a las víctimas (cosa que él exige a otros periodistas que lo contradicen). Cuando en el 2015 se destapó que, en efecto, la DINI investigaba ilegalmente a miles de ciudadanos –revelación que le costó el puesto a la primera ministra Ana Jara–, trató de banalizar el hecho comparándolo con una aventura del Superagente 86, Maxwell Smart. Demasiado para ser coincidencia.

Por ahora se ha detenido esa peligrosísima práctica de un grupo de policías, pero es necesario que se haga justicia, de lo contrario mañana o más tarde volverá a ocurrir.

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