Lecciones de las elecciones, por Alfredo Torres

Hoy llega a su fin uno de los procesos electorales más tortuosos que ha vivido el Perú en las últimas décadas. Cada partido sacará sus conclusiones sobre su campaña, pero a la sociedad en su conjunto le toca extraer lecciones para corregir el sistema electoral. Ya los organismos electorales (JNE, ONPE, Reniec), la Asociación Civil Transparencia y la misión de observadores de la OEA habían hecho oportunamente sendas propuestas de reforma, pero el Congreso de la República solo recogió tarde y mal algunas de ellas, así que subsiste la necesidad de hacer cambios en, al menos, cuatro campos: calendario electoral, selección de candidatos, exclusiones, y financiamiento y transparencia.

1. Calendario electoral: todo lo relativo a estatutos partidarios, elecciones internas e inscripciones de candidatos debe ser mucho antes. Ahora, los candidatos presidenciales se inscriben 90 días antes de las elecciones y los candidatos al Congreso 60 días antes. Es muy poco tiempo para procesar posibles tachas o revisar las hojas de vida de miles de postulantes al Parlamento. Unos y otros deberían estar inscritos 120 días antes, y todas las tachas y posibles exclusiones resueltas en las dos instancias 90 días antes de las elecciones. En cambio, la segunda vuelta debería ser mucho más rápida. Realizarla 8 semanas después de la primera vuelta genera un enorme desgaste e incremento de la violencia verbal entre los contrincantes. Ahora es técnicamente posible llevarla a cabo a las 4 o 5 semanas de la primera vuelta.

2. Selección de candidatos: todos los candidatos presidenciales y parlamentarios deberían ser elegidos en simultáneo en una gran jornada de elecciones abiertas y con voto voluntario organizadas por la ONPE, supervisadas por el JNE y con la sola presentación del DNI. Este proceso podría ocurrir 180 días antes de las elecciones generales. La eliminación del voto preferencial podría quedar para más adelante, una vez que se haya logrado desarrollar la democracia interna (de lo contrario, los partidos tenderían a formar listas únicas en sus elecciones internas con algunos de los primeros puestos vendidos al mejor postor), pero el ejercicio de estas elecciones abiertas ayudaría a ir conociendo a los candidatos. Este año, 34% de la población votó en blanco o nulo para el Congreso. Esta enorme proporción –mayor a la votación del partido más votado– refleja la distancia de la ciudadanía con sus representantes, y no debe continuar así. En las elecciones para gobernadores y alcaldes se debería organizar también elecciones primarias simultáneas.

3. Exclusión de candidatos: como demanda un amplio sector de la opinión pública, no debe permitirse que postulen personas que hayan cumplido condenas por terrorismo, narcotráfico, corrupción, homicidio, violación y lavado de activos vinculado al narcotráfico. En cambio, una vez empezada la campaña, no debe excluirse a candidatos por otorgar dádivas, como se ha hecho esta vez. La exclusión por esta falta es a todas luces desproporcionada. El otorgamiento de dádivas debe ser castigado con multas o pérdida del derecho a usar los medios de comunicación masiva para hacer publicidad.

4. Financiamiento y transparencia: debe aplicarse de una vez el financiamiento público de los partidos, para hacerlos menos vulnerables a dineros mal habidos, pero al mismo tiempo debe hacerse un mejor seguimiento de los aportes privados. Para ello, lo más sencillo es empoderar a los organismos electorales para conocer los gastos de campaña en publicidad, mítines, locales partidarios, viajes, etc., de manera de poder estimar por esa vía el presupuesto total y poder exigir a los partidos identificar el origen de los fondos que sustentaron esos gastos. El incumplimiento de esta norma debería ser sancionado no solo con el retiro del financiamiento público, sino incluso, en casos de incumplimientos reiterados, con el retiro de la inscripción del partido en el padrón electoral.

La reforma electoral es tarea del Congreso, y ahora que un solo partido tiene mayoría debería ser más fácil. Fuerza Popular haría mal, sin embargo, si pretendiese hacer sola la reforma. Lo más conveniente para que esta sea duradera es que sume a otros partidos y que recurra a organizaciones de gran credibilidad, como la Asociación Civil Transparencia, para facilitar este proceso. Y debe hacerlo en la primera legislatura, antes de que la cercanía a otras elecciones obnubile a los parlamentarios.