Presidente Martín Vizcarra reiteró que combatirán la corrupción "caiga quien caiga" (Foto: Presidencia)
Presidente Martín Vizcarra reiteró que combatirán la corrupción "caiga quien caiga" (Foto: Presidencia)
Fernando Rospigliosi

Las pésimas propuestas políticas del presidente Martín Vizcarra planteadas en su mensaje del 28 de julio fueron saludadas con un entusiasmo extravagante por el antikeikismo, mostrando que la polarización política nubla el entendimiento de las personas que en estas circunstancias son capaces de respaldar disparates mayúsculos.

Someter a referéndum la no reelección de congresistas, por ejemplo, es una muy mala idea que no mejoraría la representación política. Al contrario, la empeoraría significativamente. Pero es un proyecto demagógico y populista que probablemente tendría la aprobación mayoritaria en un plebiscito. En realidad, lo que debería hacerse es revertir la pésima decisión que se tomó en el período anterior de prohibir la reelección de gobernadores regionales y alcaldes.

Poner a votación popular la bicameralidad especificando que el número de parlamentarios no sobrepasaría los 130 es una necedad. Primero, porque hay una alta probabilidad de que sea rechazada, a pesar de que es necesaria. Convendría que este tema sea debatido en el Congreso. Segundo, porque el número de congresistas debería ser mucho más grande –con mayor razón si hay dos cámaras– para poder tener una representación que se adecúe a la población del país y con distritos electorales más pequeños.

Es urgente cambiar las normas referidas al financiamiento de los partidos, que ahora están diseñadas para permitir el ingreso de dinero sucio e ilegal. Pero no hay manera de arreglar ese tema complejo con una pregunta simple en un referéndum.

Y el cuento de que eso significa apoyarse en la ciudadanía para combatir a las élites corruptas es una falacia que ni los mismos promotores y defensores de la desatinada iniciativa del presidente pueden creer. La abrumadora mayoría de la opinión pública aprobó el cierre del Congreso el 5 de abril de 1992. Y, como demuestran las encuestas, la inmensa mayoría respaldaría la reinstauración de la pena de muerte o estaría de acuerdo en prohibir el matrimonio homosexual, temas con los que casi todos los entusiastas de la propuesta de Vizcarra no están de acuerdo.

El referéndum, además, no puede ser convocado por el presidente, como se han encargado de recordar varios juristas.

En suma, los temas son contraproducentes e inconvenientes y el procedimiento es incorrecto. ¿Por qué tanta algarabía entonces?

Lo más importante que rescatan los defensores de esta desacertada propuesta es que le ha permitido al presidente Vizcarra tomar la iniciativa, poner la agenda del momento y arrinconar al Congreso, en particular a la mayoría keikista. Paradójicamente, casi todos están de acuerdo en que las proposiciones son un adefesio, y que, de aprobarse, empeorarían significativamente el sistema político.

Resulta entonces que, de acuerdo a este razonamiento, lo que importa es tomar la iniciativa y golpear al Congreso. ¿Para qué? Es un misterio. Suponer que Vizcarra está seriamente interesado en mejorar el sistema de justicia y combatir la corrupción, y que está tomando un tortuoso camino que pasa por empeorar la deteriorada representación política, es un salto lógico que no tiene sustento.

Más bien pareciera que Vizcarra es otro oportunista político que está aprovechando el mayoritario sentimiento antifujimorista en beneficio propio –en este caso para mejorar su popularidad y consolidar su poder–, como han hecho varios caudillos en las dos últimas décadas.

El asunto es que las propuestas de Vizcarra tienen varios problemas. En primer lugar, contribuyen a desviar la atención de lo que debería ser el objetivo prioritario: la lucha contra la corrupción y la reforma del sistema de justicia. De cumplirse el plan del gobierno nos pasaremos muchos meses discutiendo alternativas imprudentes como la no reelección de congresistas. (Respecto a la propuesta sobre la justicia, vale la pena leer el comentario de Luis Pásara, “Reformar la justicia. Una mirada a la propuesta del presidente de la República”).

En segundo lugar, se ha abierto un nuevo período de tensión entre el Gobierno y el Congreso sobre temas inconducentes, como los propuestos para el referéndum. Un desenlace posible que pronostican partidarios y adversarios del gobierno es que si el Congreso traba o bloquea el plebiscito, Vizcarra podría plantear una cuestión de confianza con la intención de disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones. Yo no comparto esa idea, no creo que se atreva. Pero si lo hiciera sería desastroso para el Perú y para los principales involucrados. Implicaría un largo período de incertidumbre y parálisis, con resultados impredecibles.

En síntesis, por donde se le mire, la iniciativa de Vizcarra es nociva. Si se llega a realizar el referéndum, sería perjudicial para el sistema político. Si no se efectúa, se habrá perdido el tiempo y se habrán desgastado fuerzas en disputas estériles. Y todo eso es festejado desmedidamente solamente porque ha golpeado un poco –no demasiado– y ha puesto a la defensiva a la ya debilitada mayoría keikista del Congreso.