(Foto: Andina/Correo/El Comercio).
(Foto: Andina/Correo/El Comercio).
Fernando Vivas

Primera: la es severísima y basada en forzadas interpretaciones de la convicción fiscal y judicial sobre el delito de lavado de activos; pero es legal y la respeto. La condena a prisión efectiva que Fujimori lleva cumpliendo una década también es severa y basada en forzadas interpretaciones de autoría mediata de delitos de homicidio y secuestro; pero es muy legal y la respeto. Si en todo esto hay una sensación de equidad y ‘fair play’ de nuestra judicialización política que, sin violentar la Constitución, sirva para reconciliarnos, ¡en buena hora!

Segunda: siempre he creído que las políticas de difusión de métodos anticonceptivos y de planificación familiar son una herramienta de liberación y de progreso para familias, sobre todo pobres, que pueden buscar un mejor equilibrio entre sus necesidades y su libre albedrío sexual. Por eso, hace tiempo quería gritar –pero me faltaba la data para ir contra la corriente– que la política de difusión de anticonceptivos y esterilizaciones (o anticoncepción quirúrgica voluntaria, AQV) de Fujimori, ¡fue una gran idea! Por fin puedo hacerlo, gracias a María Cecilia Villegas y . Lo he leído y he conversado con la autora, y me ha quedado claro que no hubo una política de esterilización forzada sino voluntaria, con casos perversos y malas prácticas que ella no soslaya.

Los manuales del programa fueron claros en cuanto a informar y tener el consentimiento de las pacientes y si se señalaron metas (lo que hubiera podido llevar a campañas compulsivas), fue en los documentos para sustentar el presupuesto, no en las directivas de alto nivel.

Qué lástima que, por buscar motivos para golpear al fujimorismo –¡como si no hubiera otros que muchos suscribimos a plenitud!– se levantara el mito de que prácticamente todas las 254.000 esterilizaciones realizadas fueron forzadas, cuando las denuncias investigadas por la Defensoría del Pueblo son alrededor de 500. Por supuesto que el programa de planificación familiar, que iba más allá de las AQV, tenía que ser corregido y sus víctimas reparadas; pero no debió ser cancelado. ¡Feministas de izquierda aliadas involuntarias de los ultraconservadores Luis Solari y Fernando Carbone! Horror.

Tercera: la lucha contra la corrupción es muy débil en manos del Gobierno. Pero la mejor manera de fortalecerla no es, como sostiene el fujimorismo, con una procuraduría autónoma. Eso es ponernos nuevas camisas de fuerza que confunden, traban y empoderan a funcionarios de pocas miras y Dios sabe qué agendas. Mejor que inventar entes es fortalecer y reformar los que ya tenemos: fiscalía, Poder Judicial y contraloría.