Editorial: Banca de sótano

Hacia el año 1992, parecía que habíamos aprendido una dura lección: el Estado es muy mal banquero. Fue el año en que el gobierno decidió liquidar los bancos de fomento que hasta entonces operaban en el país. Las razones sobraban: ineficiencia, corrupción y extravío total del norte que supuestamente motivó la creación de instituciones como el Banco de Fomento Industrial o el Banco de Fomento Minero. Al conciliar los saldos, la herencia fue un forado de US$555 millones en el erario nacional, que tuvimos que cubrir todos los peruanos.

Pero como quien tropieza dos veces con la misma piedra, 24 años después, la idea de repotenciar la función prestamista del Estado parece estar presente en algunas oficinas del gobierno. Ya durante la campaña electoral, el entonces candidato Pedro Pablo Kuczynski planteó la mal aconsejada propuesta de crear (o más bien resucitar) la banca de fomento minero. Luego, a los pocos días de iniciar su gestión, el ministro de Agricultura, José Manuel Hernández, adelantó su propuesta de inyectar S/500 millones de capital al Banco Agrario para tratar de reducir las tasas de interés en los préstamos a agricultores, obviando su paupérrimo desempeño que lo llevó en los años 80 a que 90% de su financiamiento dependiera de la emisión monetaria del Banco Central. Y, para no desentonar, la semana pasada fue el ministro de Economía, Alfredo Thorne, quien se sumó al coro.

En una presentación ante la Comisión de Economía del Congreso, el ministro Thorne anunció, entre otras cosas, que el gobierno planeaba utilizar el crédito como herramienta para cumplir con sus objetivos de formalización. Conforme lo detalló el diario “Gestión”, el ministro habló de reenfocar las actividades de cuatro entidades financieras estatales: Cofide, el Banco de la Nación, Mivivienda y Agrobanco. Y añadió que aquellas funcionaban como bancos de segundo piso (es decir, canalizan sus recursos a través de otras instituciones financieras que sí brindan servicios directamente a los tomadores de préstamos) y no competían con la banca comercial.

Declaraciones que preocupan por varios frentes. En primer lugar, porque entidades como el Banco de la Nación y Agrobanco ya asumen roles de banca de primer piso, por lo que respecto de ellas, cabe presumir que se refería a expandir sus actividades. Y en segundo lugar, porque invitan a pensar que se buscaría competir desde el Estado con la banca comercial, un emprendimiento que estaría destinado al fracaso no solo desde el punto de vista económico sino también el legal, pues la Constitución Política del Perú contempla el principio de subsidiariedad económica, que precisamente prohíbe realizar actividad empresarial estatal ahí donde ya existe la oferta privada. 

Lo más agobiante quizá sea el empeño con el que se insiste en el despropósito de utilizar recursos fiscales para inventar viabilidad financiera donde el mercado indica que no la hay. Con ello, no solo se pierden ingentes recursos estatales (según un informe del Congreso de la República, entre 1993 y el 2001 la recuperación por cobranzas del capital colocado por bancos de fomento tras su liquidación ascendió apenas al 7,3% del total de préstamos), sino que también se distorsionan las expectativas de las personas, quienes se dedicarán a negocios que tal vez no resulten rentables, bajo la expectativa de acceder a créditos artificialmente baratos. 

La historia ya la conocemos. La banca estatal termina siendo una forma de subsidio, que favorece a unos pocos a costa del dinero de muchos. Y para los pocos beneficiarios, la historia es maravillosa… hasta que el subsidio se acaba. Y cuando eso pasa, poco importa si el préstamo llegó por un banco de primer piso o gracias a la banca de segundo piso, su economía siempre termina en el sótano.