Editorial: Cuestión de criterio

Desde tempranas horas, las redacciones periodísticas y los corrillos políticos fueron ayer un hervidero de rumores e información extraoficial sobre la inminente presentación de una cuestión de confianza del Ejecutivo al Congreso. Un ‘mix’ de asuntos relacionados con la actitud de la mayoría parlamentaria hacia la propuesta de reforma política planteada por el gobierno y el renovado blindaje de la Comisión Permanente al fiscal supremo Pedro Chávarry habrían creado aparentemente el clima de tensión suficiente como para que el presidente Martín Vizcarra y su Gabinete se decidieran a colocar a la representación nacional en el referido trance. Finalmente, el presidente confirmó los rumores, al anunciar, en un mensaje a la nación, el planteamiento de dicha medida ante el Legislativo por cinco proyectos de ley de la referida reforma política. Además, pidió que los congresistas reconsideren el archivamiento de las denuncias constitucionales contra el ex fiscal de la Nación.

Con la medida anunciada ayer por el jefe del Estado, es evidente que el país ha alcanzado un nuevo pico de enfrentamiento político. Una situación que, por cierto, tiene como responsables a los dos poderes involucrados. Dicho esto, empero, es importante tomar en cuenta ciertos puntos básicos.

En primer lugar, hay que decir que difícilmente podríamos discutir la validez constitucional de la cuestión de confianza planteada por Vizcarra. Como se sabe, esta es una potestad que le confiere el artículo 133 de la Carta Magna. En la línea de la constitucionalidad, sin embargo, tampoco podemos soslayar aquello que describe el artículo 93 del mismo documento, que se refiere a que los congresistas “no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación”. Una circunstancia esencial para el cumplimiento de sus funciones considerando que de esta independencia depende su labor legislativa y de control político.

En este punto, entonces, conviene tomar en cuenta aquello que parece querer lograr el Ejecutivo con la medida anunciada. En su discurso, el presidente se refirió a “la aprobación sin vulnerar la esencia de cinco proyectos de ley presentados”, emitiendo una señal meridiana de que lo que motiva esta nueva cuestión de confianza es, en buena cuenta, la posibilidad de que sus propuestas sean alteradas o archivadas.

Sin perder de vista que el Congreso (y en particular la mayoría que lo dirige) no ha escatimado a la hora de propinarle ‘pechadas’ al gobierno, es obvio que plantear una medida que lo pone contra la pared a son del juicio negativo que se tiene del ejercicio de sus competencias (a saber: evaluar, alterar y/o archivar proyectos de ley) es desproporcionado. En especial cuando en este caso la cuestión de confianza trae adjunta la posibilidad de disolver el Parlamento si se termina por rechazar.

¿No podría leerse en las acciones del presidente un intento por subvertir aquello que establece el artículo 93 de la Constitución? Pues finalmente, como hemos señalado en ocasiones anteriores, el Congreso no funge simplemente como una mesa de partes. ¿No debería primar, entonces, el diálogo y el consenso?

Naturalmente, considerando lo ocurrido el martes con Pedro Chávarry –que si bien lo mencionó el presidente, no tiene nada que ver con la cuestión de confianza solicitada–, el desprestigio del Congreso y el respaldo ciudadano a su eventual cierre, es de esperarse que la medida anunciada ayer por el Ejecutivo sea popular. Pero no por esto podemos pasar por alto el efecto traumático que tendrá para el país, sobre todo si lleva al cierre del Parlamento.

Más que una cuestión de confianza, entonces, lo que debió primar era una cuestión de criterio que tome en cuenta los efectos que la medida adoptada tendría para el país y lo peligroso que resulta que el jefe del Estado opere al ritmo del difundido “que se vayan todos”. El proceso iniciado por Vizcarra, sobre todo por el fantasma de la disolución del Congreso que viene con él, no suma a la causa de fortalecer nuestra democracia, corroe la institucionalidad del Congreso y puede perjudicar la estabilidad que la economía demanda. La ciudadanía no lo merece.