Editorial: Vocaciones de ayer y hoy

“Proyecto de ley para supervisar los contenidos de la prensa, expropiar a accionistas y despedir a periodistas incómodos”. Jamás una ley tendrá un título similar, pero aunque se declare una voluntad protectora de “las libertades y derechos informativos de la población”, el primer rótulo parece ser el verdadero propósito de la controversial iniciativa legislativa presentada por las congresistas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo.

Como se sabe, las legisladoras junto con varios colegas de Fuerza Popular (FP) han presentado un proyecto normativo para que los condenados e investigados por delitos de corrupción no puedan desempeñarse como directores, editores, productores, gerentes generales o apoderados de un medio de comunicación, y ni siquiera puedan tener acciones en una empresa de este rubro. A la par, también formulan la creación de una ‘veeduría ciudadana’ regulada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), encargada de velar por que haya en los medios “información neutral, objetiva y desinteresada”.

Una forma poco sofisticada de intromisión en los medios de comunicación al pretender dictar quién puede o no intervenir en ellos y controlar sus contenidos a través de un órgano estatal. Ello ha motivado el comprensible rechazo de las otras cinco bancadas parlamentarias, reputados constitucionalistas locales, instituciones internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la opinión pública en general.

Lejos de admitir el severo perjuicio a la libertad de prensa que su propuesta ocasionaría –además del grave daño político que produce a un partido que intentaba desmarcarse de su pasado oscuro de hostigamiento a periodistas, manipulación de “diarios chicha” y compra de líneas editoriales en la década de los 90–, las congresistas Letona y Aramayo han insistido en su planteamiento, sin dar respuestas convincentes a los cuestionamientos formulados y esbozando, más bien, excusas que dejan traslucir un talante autoritario.

Así, las parlamentarias fujimoristas no han justificado el doble rasero que supone que un investigado por un delito de corrupción pueda postular al Congreso pero no ser accionista o director de un medio de comunicación. Más aun, si el pretendido objetivo es el de evitar que un medio encubra los casos de corrupción que involucren a quienes participan en su dirección, ¿no se aplicaría el mismo razonamiento a otros tantos delitos como el lavado de activos, el narcotráfico o la pedofilia? Y bajo el mismo argumento, ¿no sería más peligroso aun que una persona investigada por un delito goce de poderes estatales más fuertes y de la inmunidad que confiere el puesto de congresista? 

Tampoco han sabido rebatir las críticas sobre el riesgo evidente de que la veeduría ciudadana se convierta en un censor estatal de contenidos. Más bien, parece ser que eso es precisamente lo que anhelara la señora Aramayo, para quien el MTC (encargado de regular la veeduría, según el proyecto) debería contar con “capacidades éticas” para “vincular una ‘veeduría ciudadana’ con los estándares de medios de comunicación que necesita el país”. 

Puestos a hacer el ejercicio de engendrar veedurías ciudadanas, sin embargo, probablemente tendría más sentido crear una veeduría parlamentaria para verificar si los congresistas cumplen con los ‘estándares’ que la población exige. Más aun, mientras que las personas premian o castigan diariamente a los medios de comunicación con su decisión de consumo, a los parlamentarios se les juzga recién transcurridos cinco años.

En realidad, más que la corrupción, el control de los medios de comunicación y los periodistas que les disgustan –algunos de los cuales las congresistas proponentes han pretendido utilizar de “mal ejemplo”, en recientes entrevistas televisivas, para sustentar la necesidad de su iniciativa– parece ser el móvil de quienes, directa o indirectamente, han impulsado “el mejor sueño que pudiera tener un gobierno opresor”, como bien lo ha apuntado Matt Sanders, presidente de la SIP.

Y aunque pueda resultar pertinente recordar los múltiples episodios de pisoteo a la prensa libre que arrastra el fujimorismo, no resulta indispensable remitirse al pasado para reconocer hoy a quienes brillan con luz propia por su espíritu controlista y autoritario, y para recordar su vocación en el futuro.