La caída de Zoraida

El 23 de mayo, cuando el Congreso iba a votar la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, los adherentes no sumaban 66. Esta cifra equivalía a dos tercios del pleno sin los miembros de la Comisión Permanente, el mínimo requerido por el reglamento. El 21 de junio, la propuesta alcanzó 71 votos. Acusada de haber incumplido su deber de investigar la corrupción de Pedro Castillo, Ávalos se defendió diciendo que el Congreso no podía sancionarla por ejercer su criterio jurisdiccional, basado en que el expresidente estaba protegido por la Constitución. Tiene razón, y en esa medida fue afectada la autonomía del Ministerio Público. La decisión podría ser contradicha por la justicia interamericana. La vía interna es infructuosa desde que el Tribunal Constitucional impidió que los jueces suspendieran decisiones del Congreso. Pero esta posible intervención supranacional difícilmente tendrá efectos inmediatos. Lo que viene es una continuación de la pugna por el control del sistema judicial, en la que lleva las de perder el sector que desearía a otra Zoraida Ávalos conduciendo a la institución.

Lo primero que destaca es el cambio súbito que permitió inhabilitarla. Modificaron su postura los izquierdistas de Perú Libre y la bancada de los maestros, los cuales inicialmente se opusieron a una moción promovida por la derecha. Esta actitud era lógica. Además, luego de la vacancia de Pedro Castillo, ellos llegaron a considerarlo una víctima del Congreso, por lo que podía esperarse un mínimo de solidaridad con la fiscal que no quiso investigarlo. Cuando se vio la propuesta en la Comisión Permanente, votaron en contra Waldemar Cerrón y otros tres perulibristas, lo mismo que la magisterial Elizabeth Medina. Pero en el pleno hubo 12 votos a favor provenientes de estos grupos. ¿Qué produjo el cambio inesperado?

En los días previos circularon distintas versiones sobre ofrecimientos de los sectores en pugna. En un programa de televisión, Zoraida Ávalos llegó a decir que había un “asesor robusto” de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que estuvo haciendo promesas indebidas para que ella fuera inhabilitada. Lo dijo incluso en la Junta de Fiscales Supremos. Benavides retrucó, pidiendo nombres, y mencionó a dos personas que estarían haciendo lo mismo en favor de Ávalos. Hay momentos de gran tensión cada vez que se reúnen los más altos magistrados del Ministerio Público. Como ninguno de los señalamientos acompaña pruebas, no hay mucho más que decir por ahora. Lo cierto es que en el Congreso hubo un intenso lobbismo cruzado para salvar o hundir a la fiscal denunciada.

En todo caso, la hipótesis de que los miembros de la Bancada Magisterial cedieron sus votos a cambio de puestos para allegados, o de viajes o de leyes específicas, es algo que podrá comprobarse tarde o temprano. Habría algunos signos en ese sentido. Por otro lado, como el grueso de congresistas tiene expedientes abiertos en el Ministerio Público, la evolución de estos procesos es otro tema de observación para saber si allí se los trata con benevolencia después de haber votado por el castigo. Como fuere, la razón principal que explica la enorme votación contra Zoraida Ávalos es política. Se han unido la derecha, la izquierda y el centro del Congreso, e incluso independientes como Carlos Anderson y Edward Málaga, bajo una sola consigna: caviares nunca más. La mayor parte de los grupos concurrentes está llegando a un acuerdo para ganar la Mesa Directiva del Congreso en las próximas semanas. A partir de allí, pueden plantearse objetivos de superior calado.

Es una alianza peligrosa, porque practicando el sectarismo y la arbitrariedad está en condiciones de producir estropicios mayúsculos. Puede embestir a organismos autónomos, a la presidencia de la República y al mismo Tribunal Constitucional, que ha dejado sin límites las facultades del Congreso. Pero también es preciso entender que la reacción contra Zoraida Ávalos responde a una etapa de abuso del Ministerio Público contra la mayoría de organizaciones políticas, con atropellos que en su momento fueron ignorados por buena parte de la prensa y por opinólogos ahora contritos. En el caso de Perú Libre, los hermanos Cerrón responsabilizan a la inhabilitada de haberse encarnizado con su madre. Según una fuente, Ávalos no se involucró, pero al estar en la cima le cae todo. De todos modos, Ávalos cometió al menos cuatro importantes errores políticos en su gestión, sin considerar que por ellos se justifica la sanción que le fue impuesta.

El primero fue permitir los excesos del equipo de Lava Jato contra sus investigados, y un manejo inescrupuloso del material reservado de los procesos. Hubo un circo, en cuyo contexto se suicidó uno de los imputados, nada menos que un expresidente. Esto creó una convicción entre los partidos políticos y los observadores jurídicos de que hubo politización de los casos, mientras que en las encuestas y los medios abundaban los aplausos. Es verdad que una fiscal de la Nación no puede interferir en el discernimiento de los fiscales que operan, pero si las distorsiones son de fondo, puede reemplazar al coordinador. Aunque esto hubiera escandalizado a su hinchada, era a cambio de una imagen de independencia necesaria para la institución.

El segundo problema se presentó en el caso de Los Cuellos Blancos, en el que hubo un direccionamiento hacia objetivos políticamente preestablecidos desde fuera del Ministerio Público, o al menos en coordinación con operadores externos. Un tercer error explica la relación que se hace entre la gestión de Zoraida Ávalos y los intereses de Martín Vizcarra. No interesa aquí demostrar que eran aliados: hay una percepción extendida de que fue así, imagen que debió contrarrestarse con una mayor energía ante el poder palaciego. Sobre todo, si su antecesor, Pedro Chávarry, dijo que iba a investigar a Vizcarra por los numerosos expedientes que tenía dormidos de la época en que fue gobernador de Moquegua. Los expedientes continuaron durmiendo hasta que apareció un empresario que por su mejor interés decidió delatarlo. Durante el estallido del escándalo de Richard Swing, Ávalos anunció que denunciaría a la secretaria de Vizcarra, que la comprometió, cuando, por el contrario, el Ministerio Público estaba llamado a protegerla para que brindara información. Su imagen de oficialista se forja en esta etapa, con un costo para la fiscalía ante la opinión pública.

Por último, erró al abrir y cerrar, en un mismo acto, la investigación preliminar contra Pedro Castillo. Por mucho que sus convicciones jurídicas la hayan llevado en ese sentido, ¿no percibía la actuación de una voraz organización criminal? Quizá pensaba que Castillo dirigía la banda del Choclito y nada más. O quizá se inhibió para evitar que la caída del expresidente dejara la cancha libre a la ultraderecha, como temía una parte de quienes la defienden. Ávalos suscita dudas de este tipo porque la politización del ejercicio fiscal le restó credibilidad. No parece ser consciente de ello. Hacia adelante la pelea va a continuar, porque hay presiones para restablecer un supuesto equilibrio perdido con la inhabilitación. La próxima jugada le corresponde a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). ¿Va a suspender a la fiscal de la Nación en alguno de los procesos que afronta? Si esto es así, debe ofrecer fundamentos incuestionables, porque, de lo contrario, veremos la continuación de la pugna en otro terreno. El siguiente paso sería la decapitación de la JNJ en el Congreso. Por lo demás, es una desgracia que los fiscales caigan, con ganas o sin ellas, en brazos de las facciones políticas. Ocurrió con Pedro Chávarry, con Pablo Sánchez, con Zoraida Ávalos y ahora objetivamente con Patricia Benavides.