(Foto: Zenaida Condori)
(Foto: Zenaida Condori)
Zenaida Condori

La captura del gerente regional de Transportes de Arequipa, José Gamarra Vásquez, sindicado por la Fiscalía como el cabecilla de una banda criminal que se dedicaba a la extorsión y cobro de cupos a transportistas en el sur, ha puesto los reflectores del Ministerio Público en la gobernadora arequipeña, Yamila Osorio Delgado.

Mientras los efectivos de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) detenían a los nueve integrantes de Los Correcaminos del Sur y allanaban 14 propiedades, la gobernadora se encontraba en Ayo, en el Valle de los Volcanes, entregando obras de su gestión. 

El sábado por la tarde en conferencia de prensa indicó que desconocía las actividades delictivas de su funcionario de confianza y aseguró, que nunca le llegó una queja o denuncia de los transportistas.

“No sabía de estos hechos. Con todos los gerentes se actuaba de buena fe. Hay un costo político que tenemos que asumir por ser funcionario de confianza. Estamos muy desconcertados, pero deslindamos responsabilidades”, indicó Osorio.

Para la Fiscalía, esta organización cobraba S/30.000 para entregar autorizaciones de rutas a vehículos minivan. Los que no tenían permiso debían pagar un cupo de S/ 250 a S/500 mensuales, por cada minivan informal que circulaba por rutas interprovinciales. Osorio Delgado dijo, que tenía entendido que estas unidades hacían servicios de turismo y circulan por rutas donde los buses de empresas de transportes no cubrían.

Aseguró que no sabía que a diario, centenas de minivan instaladas en paraderos informales, alrededor de terminal terrestre, ofrecían viajes a Mollendo, Camaná, Islay, Chivay, El Pedregal, Caravelí, entre otros. Así como servicios a Juliaca, Moquegua, Cusco y otras provincias. 

--Antecedentes--

Cuando Osorio fue consejera regional en diciembre de 2011, gestionó la Ordenanza Regional N°153 que permitía a las minivan hacer servicio de pasajeros en el ámbito regional. En enero de 2013, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la ordenanza. Dos años después, en noviembre de 2015, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda.

En esa ocasión el gerente regional de Transportes, José Gamarra Vásquez --hoy detenido-- indicó que acataban el fallo del TC y suspendían de manera definitiva los permisos a minivan. Hasta ese momento habían autorizado a 38 empresas para que cubran rutas interprovinciales. La última autorización que firmó vencía en junio del 2016. Culminado el plazo, la gerencia de Transportes debía realizar operativos para retirar a las minivan de las carreteras.

Pero, de acuerdo a las investigaciones de Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada, la gerencia hizo todo lo contrario; seguía emitiendo autorizaciones ilegales a cambio de un pago. Y a los que no tramitaban, los amedrentaban para que paguen los cupos. De estos hechos, Osorio asegura que no tenía conocimiento.

"Si el Ministerio Publico pide que acudamos como testigo, acudiré", apuntó la gobernadora regional.

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