(Foto: Andina)
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Redacción EC

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria () publicó este jueves la denegatoria de la a la Universidad Privada Arzobispo Loayza (UAL), por no haber demostrado el cumplimiento de las ocho Condiciones Básicas de Calidad (CBC) exigidas por la Ley Universitaria.

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Con esta denegatoria, hasta la fecha son nueve las universidades a las que la Sunedu deniega la licencia institucional. De estos centros de estudio, seis han entrado en un proceso progresivo de cese de actividades.

-Infraestructura-

La Sunedu informó que entre los indicadores desaprobados a la UAL resaltan la falta de claridad de sus metas institucionales, los problemas estructurales de gestión, las serias deficiencias en sus instrumentos de planificación y la ausencia de una propuesta articulada para la mejora continua de la calidad.

La UAL tampoco ha presentado evidencia convincente de que sus planes y protocolos institucionales de seguridad respondan a las características de sus instalaciones, y no cuenta con documentos internos que regulen los procedimientos específicos para los ambientes en los que se desarrollan sus actividades académicas. Todo esto supone un alto riesgo al bienestar individual de los miembros de la comunidad universitaria, sobre todo si se toma en cuenta que los programas que se imparten están relacionados con ciencias de la salud.

La UAL tampoco demostró disponer de laboratorios especializados, ni un plan institucionalizado para adquirir equipamiento.

La UAL no dispone de laboratorios especializados. (Foto: UAL)
La UAL no dispone de laboratorios especializados. (Foto: UAL)

-Investigación-

La UAL no pudo demostrar que cuenta con un proyecto institucional de investigación claro e institucionalizado. No evidenció la implementación de acciones y mecanismos para el fomento de la investigación y no aseguró condiciones para la formación continua de docentes en este campo. Incluso se detectaron altos niveles de similitud de contenido en los proyectos ejecutados durante el 2018 y las propuestas para el 2019, entre otras falencias.

En cuanto a su plana de profesores, no hay evidencias de que la UAL garantice el desarrollo de una carrera docente, ni que cuente con estrategias adecuadas de capacitación según las necesidades recogidas en sus mecanismos de evaluación.

-Empleabilidad-

En lo referido a mecanismos de inserción laboral, se identificó que la universidad no utiliza la información recabada en el seguimiento a los egresados de sus programas para establecer acciones que permitan mejorar empleabilidad de sus egresadas y egresados.

La UAL no demostró tener una bolsa de trabajo propia y tampoco se identificó la ejecución de ningún convenio institucional para promover la inserción laboral. De hecho, el nivel de inserción laboral de las egresadas y egresados de la UAL es muy bajo. De acuerdo con la información reportada por la universidad, siete de cada diez bachilleres egresados desde el semestre 2014-II no está trabajando. A pesar de conocer esta cifra, la UAL no propuso acciones para mejorar la empleabilidad.

La falta de claridad de la organización, las deficiencias en su planificación y las numerosas carencias de la universidad han afectado su sostenibilidad financiera. Tras el retiro del programa académico de Medicina Humana en el 2017 (fue impartido hasta el 2017-I de forma ilícita), la universidad lleva tres años consecutivos en pérdida y no ha demostrado capacidad para generar ingresos en el futuro. Solo entre el año 2016 y 2017, sus ventas netas cayeron en S/3.1 millones. Con este panorama no es posible asegurar que la UAL cuente en el futuro con los fondos para alcanzar y mantener las CBC exigidas por la Ley Universitaria.

Finalmente, en el rubro de servicios complementarios, la universidad no pudo acreditar el servicio de tópico durante la jornada educativa completa, ni demostró contar con personal para asegurar la prestación de sus disciplinas deportivas.

-El cese de actividades-
Como consecuencia de la denegatoria de licenciamiento, la UAL deberá iniciar un proceso de cese de actividades, que tendrá dos años como plazo máximo.

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