La ponencia de Carlos Ramos Núñez deberá será debatida por el pleno del Tribunal Constitucional. (Foto: Piko Tamashiro)
La ponencia de Carlos Ramos Núñez deberá será debatida por el pleno del Tribunal Constitucional. (Foto: Piko Tamashiro)
/ Piko Tamashiro

El magistrado del (TC) propuso al pleno de dicha institución declarar infundada la demanda competencial que presentó , titular de la Comisión Permanente, contra la disolución del Congreso dispuesta por el presidente Martín Vizcarra.

Como se recuerda, Ramos Núñez es el ponente asignado a dicha controversia que será analizada por los siete magistrados que integran el TC.

Fuentes de El Comercio informaron que en el documento se recomienda desestimar el pedido de Olaechea y, en consecuencia, se propone considerar que el cierre del Parlamento ocurrido el 30 de setiembre del 2019 no fue inconstitucional. Asimismo, se concluye que sí se le negó por segunda vez la confianza al Ejecutivo.

La ponencia fue remitida en la tarde a la secretaría general del TC, a fin de que sea alcanzada a todos los integrantes del pleno.

Tras ello, cada uno de los magistrados podrá hacer su aporte al texto entregado por Ramos. Sin embargo, cabe la posibilidad de que alguno elabore un proyecto alternativo.

Las mismas fuentes informaron que, hasta el momento, los que apoyarían la ponencia de Ramos serían Marianella Ledesma, presidenta del TC, y el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña. Manuel Miranda, explicaron, aún tiene dudas sobre respaldar o no la propuesta del ponente.

En la otra orilla estarían los magistrados Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero. Como se recuerda, los tres votaron a favor de que se ampare la medida cautelar planteada por Olaechea para que se suspendan los efectos de la resolución que disolvió el Congreso y convocó a elecciones parlamentarias para este 26 de enero.

El pleno del TC se reunirá esta mañana y analizará una propuesta de Ledesma, quien ha planteado que los proyectos (ponencias) de los procesos de inconstitucionalidad y competenciales se publiquen.

De aceptarse, el proyecto entregado por Ramos Núñez podría hacerse público antes de iniciarse su debate, previsto inicialmente para este jueves 9 de enero, según lo adelantó Ledesma.

“La idea que tiene el pleno del tribunal es tener una posición ya asumida antes de las elecciones. La idea es tener un pronunciamiento antes de las elecciones [del 26 de enero]”, adelantó la titular del TC el último viernes tras jurar el cargo.

Cabe recordar que la demanda de Olaechea incluye cuatro pedidos: que se declare que el Ejecutivo no tiene competencia para realizar pedidos de confianza sobre atribuciones del Congreso; que la confianza solo puede ser otorgada de forma expresa y no de manera tácita o “fáctica” –como interpretó Vizcarra–; que se respeten los procesos para tal prerrogativa; y que, por tanto, se anule la disolución del Legislativo.

—Piden prudencia—

En diálogo con este Diario, los abogados constitucionalistas Óscar Urviola y Natale Amprimo consideraron que la información sobre la postura de Ramos debe tomarse con prudencia y sin apresuramientos hasta conocer los fundamentos.

Sin embargo, Urviola estimó que, incluso considerando los petitorios, la demanda podría declararse infundada en todo o en parte.

“O siendo infundada en cuanto a la disolución y convocatoria de elecciones, en el curso de los fundamentos se pueda desarrollar toda una teoría sobre la cuestión de confianza y cuál puede ser su extensión, a qué puede referirse y cómo debe interpretarse una negación”, dijo.

Amprimo estimó que podría declararse infundada la demanda en cuanto a la búsqueda del retorno del anterior Congreso, considerando el tiempo transcurrido. “Desde mi óptica es insostenible decir que lo que el presidente ha hecho está apegado a la Constitución. Si el argumento del magistrado Ramos es que lo que el presidente ha hecho se ajusta al marco constitucional, no sé cómo podría sustentar eso”, refirió.

Fuentes del Ejecutivo señalaron que el primer ministro Vicente Zeballos no se iba a pronunciar hasta que no se conozca la sentencia del TC sobre la demanda competencial.