HÉCTOR BECERRIL
HÉCTOR BECERRIL
Redacción EC

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Becerril, afirmó que él nunca vio la denuncia que formuló el auditor de la contraloría Walter Grados Aliaga en contra del titular de esa entidad, Edgar Alarcón. Agregó que la acusación fue derivada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por su colega Yeni Vilcatoma, disidente de Fuerza Popular.

“[La denuncia] llegó dirigida a la ex presidenta de la Comisión de Fiscalización, la congresista Yeni Vilcatoma, en el mes de agosto. Yo asumo en el mes de setiembre. Nunca tuve a la vista ese documento porque justamente no le correspondía a la Comisión de Fiscalización ver el tema. Lo que hay es una denuncia de un ciudadano, en ese tiempo no era auditor, donde pide la destitución del contralor. Por lo tanto esa era una acusación constitucional y la presidenta del Congreso, de acuerdo a reglamento, lo deriva a Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, detalló Becerril.

Becerril indicó que esperará a que la Comisión Permanente defina la situación de Alarcón, para luego evaluar si su grupo inicia o no investigación. 

“La profesional a la que va dirigida este documento [Yeni Vilcatoma], obviamente en el entendido correcto que no corresponde a la comisión, archiva esta denuncia. Ahora, ¿dónde está este documento?, ya dijo la Subcomisión que no corresponde a esa instancia por un tema de forma, está en la Comisión Permanente. Yo como presidente de la Comisión de Fiscalización voy a esperar que salga de ese ámbito el pronunciamiento de esa comisión, para tomar las medidas correspondientes”, agregó Becerril.

Según informó el programa de televisión “Cuarto Poder”, Alarcón fue denunciado por Grados porque adquirió junto a sus hijos, entre el 2002 y 2015, más de 90 vehículos- entre autos y camionetas- de categoría Audi, BMW y Jeep para operaciones de compraventa.

De acuerdo a la acusación del auditor, entre el 2013 y 2015, el contralor adquirió nueve autos por un total de US$182.550.

La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en su artículo 33, prohíbe las actividades lucrativas al vicecontralor, cargo que tenía Alarcón cuando realizó aquellas compras.

Por otro lado,  Becerril dejó entrever que esta sería una jugada política del Ejecutivo por el caso del aeropuerto de Chinchero y dijo que si se cree que el contralor no actuó bien se debería de formalizar una denuncia.

“Qué raro que justamente después de que se cayó el negociazo de Chinchero salga a la luz todos estos cuestionamientos. Si tanto afecta a este gobierno el accionar del contralor entonces que presenten ellos la acusación constitucional. ¿Por qué el Gobierno sale a criticar diciendo que el contralor no actuó bien?, si ellos creen que eso deberían hacer la denuncia constitucional, sentenció Héctor Becerril.

En ese sentido, agregó: “No tengo ninguna duda que este Gobierno, mediante a algunos medios de comunicación amigos, han comenzado a levantar este tema porque no les ha gustado el accionar de controlar respecto a Chinchero, [en] donde está demostrado que el premier tiene conflicto de intereses (…) desde la comisión que se ha formado de Chinchero, vamos a investigar a fondo concesión y adenda, y a aquellos lobistas que siempre juegan fuero del Estado y nunca nadie lo cita”, aseveró el legislador fujimorista.

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