El techo del colegio primaria de la comunidad nativa de Segakiato ha sido perforado por los murciélagos y tragado por las ratas. Las aulas del centro educativo de Mayapo han sido remendadas con viejos tablones que la asemejan más al resultado de un terremoto. En Camaná, la educación se pesa en kilos: si quieren recoger los libros que el Estado distribuye ‘gratuitamente’, la comunidad debe pagar un sol por cada kilo de ejemplares que quiera trasladar desde Ivochote, la zona donde termina la carretera y se inicia un viaje fluvial de diez horas.
En casi todas las comunidades las bibliotecas son locales fantasmas, refugios de telarañas, guarida de murciélagos. Es por eso que las comunidades han gastado en educación el dinero de las compensaciones que entregan las empresas operadoras en la zona por el impacto ambiental. En Nuevo Mundo, por ejemplo, se ha construido un moderno local de cemento con tres aulas destinadas a la educación primaria e inicial. Solo esperan que en este mes el Ministerio de Educación pueda enviarles algunos materiales básicos para la enseñanza.
En las comunidades del Urubamba solo hay dos colegios de educación secundaria, la de Kirigueti y Sepahua. Ambas reciben el desmedido apoyo de las misiones dominicas. Pero la educación necesita más que buena voluntad, requiere dinero. “Aquí no llegan libros, todo se basa en dictado”, dice Davi Montesinos, voluntario de la misión.
Estas condiciones terminan minando el aprendizaje de los niños. Durante el viaje que hicimos, ninguno de los niños mayores de 12 años con los que conversamos pudo contarnos quiénes eran los incas. Mucho menos lograban explicar la importancia del Cusco, su departamento.
Salud en cuestión
En Segakiato nos encontramos con una perversa realidad: con el dinero de la compensación la comunidad construyó una posta médica de material noble que hasta ahora no funciona porque no hay médicos ni medicamentos ni equipos. No hay nada. Solo paredes recién pintadas y un tímido letrero colgado en una de las puertas que dice Botica.
La responsable del cuidado del medio ambiente en esa comunidad, Miguelina Cabrera, sostiene que las empresas deberían apoyarlos más. “No solo darnos la compensación”. Cree que eso es más viable que el apoyo que la municipalidad de Echarate o el gobierno regional del Cusco pueda darles.
Este es el tenor común en muchas comunidades: exigir a la empresa que asuma el rol del Estado, cuando este ya cuenta con una cifra millonaria, producto del canon, para invertir en esta zona.
Hay postas, como la de Ticumpinía (Chocoriari), donde su botiquín básico ignora los antídotos contra la mordedura de víboras. El joven sanitario Miguel Samperi está obligado a dar lo único que más o menos nunca falta: analgésicos, el medicamento más utilizado en el Urubamba.
Y es que las emergencias son un lujo que nadie puede correr en esta zona. Cuando visitamos Kirigueti, una señora se acercó al centro de salud. Estaba embarazada y tenía una anemia aguda: dos de hemoglobina. Necesitaba una transfusión de emergencia. Un miembro de la misión se ofreció como donante, pero cuando se acercó a la posta, la enfermera le dijo que no tenían los equipos suficientes para la transfusión. La familia de la señora tuvo que pagar 80 soles para trasladarla en un bote comercial. Navegaron diez horas por el caudaloso Urubamba, pasaron el Pongo de Mainique y se alojaron en Ivochote. La mañana siguiente, abandonaron el río y tomaron un microbús hacia Quillabamba: diez horas más. La situación era crítica, por eso fue enviada al Cusco: otras nueve horas. La paciente viajó más de tres días. Sin duda, el traslado por emergencia más lento del mundo.
La falta de un bote propio convierte a los centros de salud en islas. A pesar de que Pluspetrol tiene un convenio con las comunidades para trasladar por aire a pacientes en casos de emergencia, esto no siempre es posible. No siempre se cuentan con vuelos disponibles. “En estas condiciones es imposible brindar un buen servicio”, dice la enfermera de Kirigueti, una mujer de 35 años, para quien lo más difícil de vivir en esta zona es la falta de alimentos.
Población vulnerable
Las obras del proyecto Camisea se ubican en una de las áreas ambientales y sociales más vulnerables del mundo. Los nativos están expuestos a las infecciones respiratorias y gastrointestinales, pues carecen de anticuerpos. En la edición de ayer informábamos sobre los casos de sífilis que se habían reportado en Camisea y Shivancoreni.
Las comunidades atribuyen estos hechos a la aparición de prostíbulos en Ticumpinía, zona donde se instalaron los campamentos de la empresa Techint.
De todos los machiguengas, son los Kugapakori Nahua los más expuestos al proyecto. El encuentro entre los trabajadores de las empresas operadoras, durante estos 33 años de explotación, va a ser frecuente.
A la falta de anticuerpos para algunas enfermedades occidentales, “se suma el empobrecimiento nutricional debido a la reducción de los recursos naturales en la zona, de los cuales dependen su subsistencia”, precisa Lelis Rivera, director del Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (Cedia).
Ductos no se controlaron
Pero la ausencia de los gobiernos central, regional y local, con programas asistenciales y planes de desarrollo, no es el único tema en estas comunidades. Antes de que la explotación y el traslado de gas fueran entregados en concesión, el gobierno creó espacios territoriales para proteger las comunidades nativas y la biodiversidad que los rodea. Ahí están la Reserva Comunal Machiguenga, la Reserva del Estado a favor de los grupos étnicos Kugapakori Nahua, el Santuario Nacional Megantoni y el Parque Nacional del Manú, próximo al Lote 88.
Sin embargo, la fiscalización de las entidades correspondientes, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), Inrena y Osinerg, hasta la fecha ha sido ineficiente. Así también lo ha señalado la Defensoría del Pueblo. No solo eso. En su último informe presentado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre Camisea, la consultora E-Tech advierte que en las pruebas de presión que se hicieron a las tuberías administradas por TGP no estuvieron presentes los representantes del Gobierno.
Estas pruebas garantizaban la integridad del ducto antes de ponerlo en servicio. “Es común volver a someter los tramos fallados a otra prueba (...) Sin inspectores independientes no se puede confiar en las pruebas”, dice el informe.
Frente a estas observaciones, Gustavo Navarro, director de Hidrocarburos del MEM, sostiene que su despacho no está en la obligación de supervisar esas pruebas y que, además, no cuenta con los técnicos necesarios. “Esa es una función que le compete al Organismo Supervisor de Energía (Osinerg)”, dijo el funcionario. Esta entidad aún no responde.
Al Congreso
De otro lado, luego del reportaje presentado ayer por este Diario, sobre el incumplimiento de los compromisos ambientales por parte de TGP, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, Walter Alejos, presentó una moción a la junta de portavoces para que el pleno les otorgue funciones fiscalizadoras. “Si no nos entregan esas facultades, formaremos una subcomisión investigadora y convocaremos a todas las entidades involucradas en el tema”, dijo Alejos.
Y mientras aquí, en la capital, sede de todas las entidades responsables de velar por el buen desarrollo del proyecto, se continúa discutiendo sobre las responsabilidades técnicas de las concesionarias, y la empresa TGP dice que no dará explicaciones a la denuncia formulada por este Diario; allá, los machiguengas continúan ingeniándoselas para enfrentar las malas prácticas empresariales y la ausencia de un plan de prevención social.
25 de junio de 2004
Las regiones utilizarán el gas de Camisea desde el 2007
Pro Inversión planteó cronograma para desarrollo de nuevos ductos
A partir del 9 de agosto próximo el gas natural proveniente de Camisea entrará en el esquema energético del país, con lo cual se crearán oportunidades para que la industria, el transporte y el sistema eléctrico accedan a la utilización de energía a un menor costo.
Las regiones no podían estar exentas a tal beneficio, por lo que Pro Inversión, se ha encargado de llevar el gas a las regiones de Cusco, Ica, Ayacucho, Huancavelica y Junín.
Luis Ortigas, coordinador técnico sectorial de hidrocarburos de Pro Inversión, señaló que esta institución ha encargado a una consultora el estudio base del mercado potencial de estas regiones, las rutas que se implementarían, las inversiones requeridas y el impacto ambiental y social que dichos proyectos generarían. Los estudios culminarían en setiembre.
Ortigas estima que en octubre se iniciaría el proceso de promoción de los proyectos y en noviembre se convocaría a una licitación, para finalmente otorgar la buena pro en abril del próximo año.
La construcción de los nuevos ductos se realizaría durante la segunda parte del 2005 y en el 2006, y el gas natural llegará a las principales ciudades de estas regiones en el 2007.
Ortigas señaló que este cronograma ya ha sido aprobado por el Consejo Directivo de Pro Inversión. El funcionario adelantó que el esquema de concesión se establecería probablemente a partir de la menor participación del Estado en estos proyectos, considerando que el Estado, al asumir un rol de promotor, va a intervenir en parte del costo que requerirá descentralizar el gas. Dicho costo lo llevaría a cabo con una parte de lo que obtendrá por regalías (US$120 millones anuales).
Ortigas explicó que la semana pasada tuvo una reunión con representantes regionales, con miras a analizar las estrategias para despertar el interés de los futuros inversionistas en la concesión de la distribución del gas para cada región.
“En Ica se podría generar un polo de desarrollo industrial a partir de la utilización del gas, considerando que ahí ya se tienen empresas como Funsur, Aceros Arequipa y algunas pesqueras que podrían utilizar el gas de Camisea en su proceso productivo”, remarcó.
MEM aprobó EIA para exportación
Si bien la disputa entre Ica y Lima por el terreno donde se construirá la planta de LNG es la gran preocupación del consorcio Perú LNG (empresa que se hará cargo de la exportación de Camisea), este tendría un motivo para sonreír después de que la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobara el pasado lunes el estudio de impacto ambiental (EIA), que da luz verde al inicio de la construcción de la planta. Al respecto, Carlos del Solar, gerente general de Perú LNG, informó que el EIA fue aprobado después de dos años, sin observación alguna. Agregó que tras haber obtenido la conformidad del MEM, el consorcio deberá definir la situación del terreno y empezar con el financiamiento para su construcción.
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