Una tesis de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad del Pacífico muestra que el tiempo transcurrido entre la planificación y priorización de los estudios de inversión pública hasta la aprobación de los informes finales le toma en promedio al sector transporte aproximadamente 1.063 días, es decir, más de tres años. El estudio analiza más de 70 casos para el período 2013-2016.
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Los tiempos teóricos programados desde la planificación del estudio de preinversión hasta su viabilidad y aprobación no debiera ser mayor de 233 días, según las normas. En otras palabras, existiría un atraso promedio de 830 días, es decir, alrededor de dos años.
Estos procesos se descomponen en la fase de priorización y planificación, que le correspondería un plazo de 30 días pero en realidad dura 167 días; la fase de actos preparatorios con 30 días pero que demora realmente 48 días; la selección del consultor con 54 días pero que tarda en promedio 64 días; y la administración del contrato con 119 días pero que en realidad dura en promedio 784 días. Como se aprecia, el subproceso de administración de contratos es el que constituye el de mayor duración frente a los demás subprocesos, y es el principal causante de los retrasos en todo el proceso de elaboración de estudios de preinversión.
¿A qué se debe semejante atraso en la administración del contrato? ¿No hay suficientes consultores competentes para realizar los estudios? ¿No existen profesionales en los ministerios o no están debidamente preparados?
Una primera respuesta es la poca disponibilidad de profesionales y la baja remuneración en las entidades públicas. Esto implica que las revisiones se notifican al consultor en tiempos mayores a los estimados en los términos de referencia. Por el lado de los consultores, estos suelen incumplir las obligaciones contractuales referidas a los plazos de los informes y subsanación de observaciones. Además presentan documentación incompleta que es devuelta por la entidad.
El nuevo marco legal del antes SNIP y hoy Invierte.pe ayudará a solucionar estos inconvenientes con las fichas técnicas para proyectos de bajo monto (menores a 15.000 UIT) y con cierto nivel de estandarización en los procesos constructivos. Sin embargo, en los proyectos más grandes subsistirían estos atrasos si no se enfrentan las deficiencias mencionadas. ¿Qué hacer entonces?
Evaluaciones sobre los resultados de las labores de capacitación y asistencia técnica dirigidas a las entidades públicas que conformaban el SNIP mostrarían que existen oportunidades para lograr que los operadores puedan cumplir con sus funciones de una manera eficiente. Para esto se requiere de un enfoque no solo de conocimientos sino de habilidades y competencias para mejorar los procesos. Es momento de empezar a atacar esto para avanzar con miras a la urgente tarea de reconstrucción, ya que se necesitarán tanto obras públicas como obras por impuestos para cumplir con las metas trazadas por este gobierno.
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