La agencia de clasificación de riesgo Fitch redujo su perspectiva para Chile de “estable” a “negativa” debido a un contexto de menor crecimiento, mayores déficits fiscales y deuda pública, además de la incertidumbre que genera la crisis social, informó este jueves el Gobierno.
La firma estadounidense decidió sin embargo mantener la clasificación de riesgo del país en "A", indicó el Ministerio de Hacienda, que en un comunicado destacó “la importancia de recuperar el crecimiento económico”.
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“Esta revisión (de Fitch) es coherente con la implementación de la agenda social en curso, las proyecciones de crecimiento de la economía, la ejecución de planes de estímulo fiscal transitorio para reactivar la economía, así como la estabilización de la deuda pública en el mediano plazo”, apuntó la institución.
Chile vive desde el pasado octubre la peor ola de protestas desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con una treintena de muertos y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema con saqueos, barricadas y destrucción de mobiliario público.
La crisis, que se ha reactivado en marzo tras el descanso estival y la vuelta a las clases, ha hecho mella en la economía chilena, especialmente en el turismo y el comercio.
Con los datos preliminares y a la espera de que se publiquen las cifras oficiales la semana que viene, la economía chilena habría cerrado el año pasado con un crecimiento anual del 1,2%, lejos del 2,5% pronosticado antes de la crisis y del 4% de 2018. El 2019 será por tanto el de peor desempeño económico en una década, cuando Chile se vio afectado por la Gran Recesión.
En un reciente informe, el Fondo Monetario Internacional (FMI) corrigió además a la baja las previsiones de crecimiento para 2020, que pasaron del 3% al 0.9%.
Lo que empezó siendo un llamado de los estudiantes a colarse en el metro de Santiago para protestar contra el aumento de la tarifa se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo y mejores derechos sociales, que ha desembocado en la convocatoria el 26 de abril de un plebiscito en el que los chilenos decidirán si quieren o cambiar la actual Constitución, heredada de la dictadura.
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