El día de ayer, el congreso argentino comenzó a debatir la polémica Ley de Abastecimiento, la cual ha enfrentado al rubro empresarial y al gobierno argentino.
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La Ley de Abastecimiento, promovida por Axel Kicillof, ministro de Economía, busca regular el mercado argentino a través de un control de precios y de abastecimiento de los distintos productos.
Esta Ley permite al Estado establecer márgenes de utilidad, precios máximos y mínimos, así como disponer la continuidad de la producción en caso no se logre abastecer al mercado.
Asimismo, esta medida no solo se limita al Gobierno Central, sino que los gobernadores de Provincia también podrán fijar los precios dentro de sus territorios, según sea conveniente.
LEY PERONISTA
Sin embargo, la ley no es nueva, sino que ha sido modificada. En 1974, cuando Juan Perón gobernaba su tercer mandato, se promulgó la Ley de Abastecimiento, la cual buscaba asegurar el abastecimiento de los productos y tenía el mismo propósito que el actual proyecto de ley.
No obstante, esa Ley sancionaba no solo con multas, sino también aplicaba una pena mayor de hasta cuatro años de cárcel. En el 2002, se realizó una actualización, en la cual los cierres del negocio se establecieron por 90 días y se incluyeron el arresto preventivo y la condena a 90 días en prisión.
SANCIONES ACTUALES
Las personas que serán sujetas a sanción serán aquellas que aumenten el precio injustificadamente, es decir, si es que no ha habido un aumento en los costos.
Los gobiernos podrán multar a la empresa con un monto entre 5.000 y 10.000 millones de pesos (entre US$600 y US$1 millón). Además, para casos graves se establece la clausura definitiva del negocio.
Un cambio relevante es que el gobierno actual ha decidido eliminar la pena de prisión, a diferencia de las diferentes versiones de esta ley.
Luego de la intervención a la empresa, la autoridad tiene la facultad de confiscar la mercadería, la cual podrá ser vendida o localizada cuando no haya un abastecimiento suficiente.
EMPRESARIOS VS GOBIERNO
Esta medida ha sido duramente criticada por los empresarios argentinos, especialmente por el Grupo de los 6, el cual agrupa a los principales establecimientos de campo, la banca, la industria, el comercio, la construcción y la Bolsa.
Luis Miguel Etchevehere, titular de la Sociedad Rural (SRA), rechazó el envío de esta ley al congreso.“Entendemos que es inconstitucional, viola la propiedad privada y el derecho a ejercer industria lícita y la consecuencia que tendría es llevar al país a una mayor recesión, mayor desempleo”, señaló.
Además, esta medida ha sido calificada como chavista, por asimilarse a las leyes venezolanas. Adjetivo que ha sido rechazado por el gobierno argentino.
“La posibilidad de fijar precios máximos existe también en la legislación mexicana, española, alemana, y nadie viene a decir que son legislaciones chavistas o que son países que avanzan sobre legislación privada”, aseguró Augusto Costa, secretario gubernamental de Comercio.
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