Chile -miembro de la OCDE desde el 2010- es el país con prácticas más limitadas del grupo en cuanto a consulta pública a los ciudadanos en la elaboración de normas que regulan servicios, según manifestó Manuel Flores Romero, coordinador de Política Regulatoria de la OCDE.
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“No les preguntan a la gente qué opinan de la regulación, cómo mejorarlas, ni cuándo se van a subir las tarifas. Y el resultado es lo que acabamos de ver”, indicó Flores en relación a las protestas en Chile que se vienen dando por más de 50 días.
Como se recuerda, las manifestaciones sociales en el país liderado por Sebastián Piñera iniciaron en septiembre, explicadas, en parte, por el aumento programado para las tarifas de electricidad, el cual fue congelado finalmente hasta diciembre del 2020.
“En estas épocas modernas donde gracias a los aparatos eléctricos puedes hablar con alguien al otro lado del mundo, pero no se sabe cómo se calcula tu tarifa; si te la suben, obviamente vas y haces protesta”, añadió.
Por ello, resaltó la importancia de que el Gobierno no trabaje “como en una caja negra”, sino que tome decisiones en base a evidencias públicas y con los aportes de las empresas reguladas y los ciudadanos.
En tal sentido, indicó que la herramienta de Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) que implementará la Sunass en la regulación de servicios de saneamiento, permitirá que las demandas de de la población se vean reflejadas en los estudios tarifarios elaborados por la entidad.
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