(EFE).- Unas 300.000 personas salieron de la pobreza extrema en Perú el año pasado, de los cuatro millones que reciben de ayuda estatal mediante cinco programas sociales, afirmó en una entrevista con EFE la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Paola Bustamante.Follow @PortafolioECpe !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');
El gobierno de Ollanta Humala se planteó reducir la pobreza extrema, que afecta a quienes no pueden reunir una canasta de alimentos de 275 dólares mensuales, de 6,3% a 5% en 2016, pero esta cifra ya descendió a 4,7 % este año, aseguró Bustamante.
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La pobreza extrema golpea a 1,4 millones de peruanos, mientras que otros 7,2 millones son pobres, un 23,9 % de la población total del país.
Los casos de “más o menos 300.000 personas que han salido de la extrema pobreza están directamente vinculados con la intervención de Juntos y Pensión 65”, afirmó la ministra en referencia a dos de los principales programas de apoyo social.
El programa Juntos atiende a 825.000 familias que reciben 200 soles (68 dólares) cada dos meses, siempre y cuando la madre cumpla con sus controles prenatales, los chequeos médicos de sus niños y los envíe a la escuela.
Con el programa Pensión 65, unos 450.000 adultos mayores en extrema pobreza reciben 250 soles (85 dólares) cada dos meses.
“Ya bajamos la pobreza extrema en función de la meta que habíamos planteado, pero vamos a continuar trabajando para que esa meta siga reduciéndose y de cara a los objetivos de desarrollo sostenible, que se van a firmar el próximo año en Naciones Unidas”, anotó.
El ministerio que dirige Bustamante también lleva adelante los programas Cuna Más, para atender a 110.000 niños menores de tres años; Qali Warma, que da alimentación a 3,1 millones de escolares; y Haku Wiñay, que atiende a 59.000 familias en el mejoramiento de sus campos de cultivo y sus hogares.
“Aproximadamente estamos llegando de 3,5 a 4 millones de personas en el país con los programas sociales”, anotó.
Algunos de los temas pendientes son el combate a la desnutrición crónica infantil, que afectaba al 17,5% de esa población a inicios de este año.
“Si bien (la desnutrición crónica infantil) viene bajando anualmente, nos pusimos una meta ambiciosa de bajarla al 10% en 2016”, indicó.
“En el segundo semestre de este año ya hemos bajado a 14,1%, eso significa que es una prioridad de este gobierno tomar acciones y medidas concretas para reducir la desnutrición crónica infantil y estamos seguros que vamos a cumplir la meta en 2016”, manifestó.
El presupuesto de este sector se ha incrementado en un 25 % para el 2015 y ascenderá a S/.4.400 millones (US$1.500 millones) para atender los cinco programas sociales y al menos dos fondos para financiar la instalación de servicios básicos como agua, saneamiento, electrificación y comunicaciones.
“Estamos trabajando en la generación de oportunidades, que implica que todos tengan acceso a servicios como educación y salud, y servicios básicos como agua, saneamiento, electrificación y conectividad, y además trabajamos con los programas sociales como parte de un complemento, temporal y focalizado”, explicó.
EMPLEO JUVENIL
De otro lado, la ministra opinó que la ley de promoción del empleo juvenil, que ha generado dos multitudinarias manifestaciones de rechazo, “abre la posibilidad de que jóvenes que no han terminado de estudiar y no tienen ninguna experiencia puedan ingresar de manera formal al mercado laboral”.
Según dijo Bustamante, la norma plantea facilitar el ingreso al mercado laboral de unos 800.000 jóvenes, entre los 18 y 24 años, que trabajan informalmente, pero recorta algunos de los beneficios sociales que tienen otros trabajadores formales.
“La ley no reduce beneficios, lo que hace es crear beneficios porque, de acuerdo a la información que se tiene, los jóvenes a quienes va dirigida (...) son explotados porque se les contrata informalmente y no tienen ningún derecho”, aseguró.
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