Hace algunos días, calculamos en este Diario que por cada punto porcentual de crecimiento, la economía peruana genera alrededor de 45.000 empleos.
Es cierto que el resultado exacto depende de cuáles son los sectores que lideran la expansión (pues, por ejemplo, servicios y comercio son actividades que demandan trabajadores de manera más intensiva), pero es una referencia útil para el análisis.
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De esta manera, si entre el 2013 y el 2018, en vez de crecer al ritmo promedio de 3,2% que se ha registrado, lo hubiéramos hecho a una tasa sostenida de 5% anual, la economía hubiera generado alrededor de 400.000 empleos más.
Y es muy probable que la mayor demanda por trabajo también hubiera ayudado a generar una dinámica más favorable del ingreso laboral.
El 2013 fue un año de inflexión para nuestra economía, debido al cambio en las expectativas sobre la política monetaria en EE.UU. y al inicio de un período de fortalecimiento del dólar (y consecuente debilitamiento del sol y otras monedas emergentes).
Pero no hemos respondido al desafío. Por un lado, ante un menor ritmo de expansión de la demanda interna, la política fiscal contracíclica pudo haber sido un instrumento eficaz para contrarrestar las presiones hacia un menor crecimiento.
Sin embargo, mientras la producción -sin contar al sector público ni la variación de inventarios- se expandió desde el 2013 a un ritmo acumulado de 18,3%, la demanda pública (consumo más inversión) lo hizo en solo 11,6%.
Es decir, si el sector público hubiese crecido al ritmo promedio del resto de la economía, se hubieran podido generar más de 130.000 empleos adicionales: la menor dinámica del sector público explicaría casi la tercera parte de los empleos no generados.
Es cierto que una mayor expansión fiscal como la calculada hubiera incrementado el déficit en más de 3% del PBI (pero sin contar el efecto favorable que la mayor producción hubiera podido tener sobre la recaudación), aunque algo más se pudo crecer.
Por otro lado, casi sin que nos hayamos dado cuenta, las tarifas eléctricas han subido entre el 2013 y el 2018 a un ritmo promedio de 6,5%, mientras que el resto de bienes y servicios lo ha hecho solo a 2,8%.
Como referencia, en Chile el costo de la electricidad en ese período aumentó a un ritmo de 4%. Esto influye adversamente en nuestra competitividad.
Si pensamos en qué han hecho los gobiernos en este período con miras al largo plazo, el panorama no mejora. Mientras tanto, la guerra comercial que está incubándose en el mundo agrega nuevos retos en el corto plazo.
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