El sábado pasado en la madrugada, luego de una larga sesión, el Senado de Argentina aprobó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. La norma en su primer artículo declara al país en emergencia pública en diversos sectores hasta diciembre del 2020 y otorga amplias facultades al presidente peronista Alberto Fernández en materia social, económica, financiera, tributaria, previsional y administrativa. Los “superpoderes” otorgados al presidente se sustentan en la necesidad de asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la recuperación de la economía y el mejoramiento de los indicadores sociales.
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La llamada ley de emergencia contiene implicancias en diversos frentes. Las principales reformas contemplan la creación del impuesto “país” del 30% a diversas operaciones. Entre ellas se encuentran: la compra de dólares, las compras de bienes o servicios en el exterior a través de tarjetas de crédito, la adquisición de servicios en el exterior contratados por agencias de viajes y turismo en el país, así como la adquisición de pasajes con destinos fuera del territorio argentino. Más aún, la ley da carta blanca al Poder Ejecutivo para incorporar nuevas operaciones que podrían ser gravadas con dicho impuesto.
Por otro lado, la normativa aumenta por escalas el impuesto a los bienes personales según el excedente del patrimonio, facultándose al Poder Ejecutivo a duplicar las tasas en caso de activos radicados en el exterior o a reducirlas en caso de repatriación.
En el agro, uno de los principales sectores productivos de Argentina, se establece la facultad de aumentar los derechos de agroexportación de hasta 33% para la soya y de hasta 15% para el trigo y maíz.
La ley de emergencia en sus 88 artículos establece una variedad de medidas adicionales con las cuales el Gobierno Argentino pretende rescatar al país de la crisis en los próximos meses a través de la reactivación del consumo interno y de un rápido incremento de las arcas fiscales. Al mismo estilo de Robin Hood, la ley de emergencia vende solidaridad y una aparente redistribución de la “riqueza”.
Varias de estas normas, cuya reglamentación aún está pendiente, podrían considerarse realistas; sin embargo, están envueltas en un proteccionismo nacionalista que dejan al país y a los argentinos cada vez más lejos del Primer Mundo. En este contexto, el país debe despedirse por un buen tiempo de la inversión extranjera.
Especialistas que participaron en la encuesta realizada por el diario “El Cronista” ya han pronosticado una inflación del 42% y una caída de la economía argentina de 2,8% del PBI en el primer año del gobierno de Fernández.
Argentina iniciará el 2020 subida en una montaña rusa de circuito desconocido. Desde el Perú les deseamos en estas fiestas que las subidas sean mayores que las bajadas y que, a pesar de la incertidumbre, su histórica fortaleza les permita salir adelante más pronto que tarde.
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