El 55% de las sanciones impuestas por el tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) a las empresas que participan de licitaciones con el Estado corresponde a la presentación de documentos falsos, adulterados o con información inexacta, afirmó Jorge Rodríguez, docente de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental.Follow @PortafolioECpe !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');
“A pesar de que las normas facilitan cada vez más la postulación de las empresas en concursos públicos, algunas no aprenden aún que estos deben ganarse honestamente”, explicó.
Además, agregó que esta mala práctica empresarial tiene consecuencias perjudiciales, ya que las sanciones colocadas por el órgano de la OSCE inhabilitan la participación en cualquier tipo de servicio al Estado en lapsos de tiempo de hasta más de tres años.
“El caso es que muchas de estas empresas se sostienen en casi un 50% con clientes que son parte del Estado, con lo cual para algunas es como empezar de nuevo”, acotó.
Solo en marzo, unas 12 empresas de Lima y provincias fueron sancionadas y suspendidas por la OSCE por presentar documentación falsa.