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El grupo de empresarios que el año pasado estuvo a cargo de las propuestas en infraestructura en CADE ha lanzado un programa para dar seguimiento a la inversión en este sector y comprometer así al Estado a cumplir con los plazos establecidos en los proyectos adjudicados.
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El programa Infraestructura para Todos tendrá tres componentes. El primero es el Observatorio de Infraestructura que será un servicio de medición y monitoreo permanente de la inversión en este sector y estará a cargo de Apoyo Consultoría. Con esto se pretende colocar en la agenda pública la preocupación por los proyectos concesionados, según su estado de avance y que suman más de US$12 mil millones, como se observa en esta infografía.
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El cálculo no incluye la modernización de la refinería de Talara, que demandará una inversión de US$3.500 millones y que también empieza en el 2015.
La segunda iniciativa es la formación de un grupo que coordine con el Estado el financiamiento colectivo de obras por impuestos, pero que se enfoquen en proyectos de infraestructura de gran magnitud. Y por último está la organización del Congreso Anual de Infraestructura, un espacio para mantener la discusión y fijar propuestas de mejora entre todos los actores.
La preocupación es mayor en este tema porque, según Víctor Albuquerque, jefe de análisis sectorial de Apoyo Consultoría, este año la inversión pública en infraestructura no crecerá más de 2% y se prevé que el próximo año no se recupere por el ingreso de nuevos equipos en los gobiernos regionales y municipales. A esto hay que sumarle que es un año preelectoral. Por eso la necesidad de monitorear que el ruido político no retrase los proyectos o que no despeguen nuevas asociaciones público privadas y obras por impuestos.
ESFUERZO PRIVADOEl consejo consultivo del programa está integrado por Gianfranco Castagnola, Álvaro Valdez, Mark Hoffmann, Juan José Salmón, Verónica Mizushima y Andrés Arias. Además son socios estratégicos Contribuyentes por Respeto, Amcham Perú y Apoyo Consultoría. Y se sumarían AFIN, IPAE y el IPE.
El objetivo es promover la necesidad de una inversión en infraestructura de 7% del PBI al año (unos US$14.700 millones) en un escenario en que la economía del país crezca también en ese porcentaje.
Apoyo estima que ante el embalse de proyectos, la infraestructura debe reemplazar a la minería como principal motor de crecimiento en los próximos años.
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