En todas partes del mundo existen regulaciones que las empresas deben cumplir para ingresar y permanecer en el mercado. Estas regulaciones sirven a objetivos diversos como la protección del medio ambiente o la defensa de los consumidores. Creo que ningún empresario puede estar en contra de que el Estado regule, pero sí en contra de las regulaciones que se convierten en trabas burocráticas al desarrollo de sus negocios.Follow @PortafolioECpe !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');
Las regulaciones se convierten en barreras burocráticas cuando son ilegales o, cuando siendo legales, no guardan proporción con el objetivo que persiguen. El problema no es entonces la regulación ‘per sé’, sino su abierta ilegalidad o su desproporción con relación al problema que quieren remediar.
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Dejando de lado el caso de las regulaciones que son claramente ilegales, la principal causa de la desproporción que existe en algunas de las intervenciones del Estado en la economía se origina por un mal diagnóstico del problema.
Muchas veces desde el Estado se sobredimensiona “la falla de mercado” que se quiere corregir y en consecuencia se diseñan intervenciones que resultan igualmente sobredimensionadas.
Asumiendo que el diagnóstico del problema es correcto y la elección de la intervención pública también, es frecuente ver que el Estado no tiene la capacidad para implementar la regulación que propone. Como país, nos hemos llenado así de regulaciones que no se aplican o que se ejecutan de forma deficiente, y se genera en muchos casos “remedios que son peores que la enfermedad”.
Ante la falta de recursos para aplicar la regulación, el Estado suele revertir la “carga de la prueba” en los administrados. De esta forma, en vez de que el Estado verifique si alguien incumple una norma, es el empresario quien tiene que demostrar que sí cumple.
Implícitamente se presume que el empresario va a incumplir las normas y en consecuencia, antes de que ingrese al mercado se le pide que presente una larga lista de documentación que demuestre lo contrario, incrementando con ello el costo de hacer negocios.
Urge hacer una limpieza de las regulaciones ilegales y desproporcionadas que limitan el ingreso y permanencia de empresas. Se puede empezar con esta tarea obligando al Estado, en todas sus instancias, a efectuar un análisis del impacto regulatorio de las normas antes de emitirlas.
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