La ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez –principal punto de salida y entrada internacional del país— sigue esperando que el Estado entregue los terrenos necesarios para estas obras.Follow @PortafolioECpe !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');
Desde el 2004 se ha reprogramado la entrega de los terrenos, y ya suman seis las postergaciones hechas (2004, 2005, 2006, 2009, 2012 y 2013). Ahora, la empresa estima que la entrega de terrenos recién sucederá en el 2016.
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El problema que afecta a este aeropuerto es común a los proyectos de infraestructura, y de hecho es uno de los principales problemas que demora la ejecución de proyectos de infraestructura pública de transporte –la brecha de infraestructura en este sector está calculada en US$57.499 millones para el periodo 2016 - 2025, por AFIN—. En ese sentido, el Poder Ejecutivo emitió semanas atrás una nueva ley marco de expropiaciones y obtención de predios, cuyo objetivo es facilitar la obtención de los terrenos necesarios para la ejecución de los proyectos de infraestructura.
Sin embargo, Desirée Orsini Wisotzki, docente de Derecho Empresarial de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima, advirtió que los efectos que busca la norma dependerán de la gestión de la administración pública.
“La norma definitivamente simplifica el tema, pero como lo hemos visto en la práctica, pasa por un tema de gestión. Porque según la norma, los plazos deberían ser muy cortos, pero hay otras normas con plazos cortos y con procedimientos que deberían ser ágiles, pero que en la práctica se entrampan”, señala la especialista. Menciona como ejemplo que la norma anterior sobre obtención de predios permitía que el Estado tuviera una posesión provisoria de los terrenos. “Pero se llegaba al juzgado a pedir esta posesión provisoria y los jueces lo interpretaban como si fuera una medida cautelar; es decir, entraban a analizar una serie de cuestionamientos, y el procedimiento que se suponía tenía que ser rápido, se entrampaba y podía quedarse por años”, indica Orsini Wisotzki.
Este gobierno ha emitido normas para agilizar las inversiones y reactivar el crecimiento económico –solo en el 2014 emitió tres ‘paquetes’ reactivadores que incluyeron reducción de plazos y eliminación de trámites—. Sin embargo, de nada sirve lo señalado en el texto, si es que el funcionario público que debe aplicar la norma no actúa en línea con los objetivos de ésta. “Muchas normas que salen para agilizar la inversión se paralizan no porque la norma no sea buena, sino porque la gestión es complicada. Hay un tema de capacitación fuerte y de voluntad de ponerla en práctica”, afirma Orsini Wisotzki.
Las expropiaciones y obtención de predios para proyectos de infraestructura es un tema delicado, como lo apunta la especialista. “Para algunas autoridades no es popular hacerlo [facilitar la expropiación y obtención de predios]. Entonces, si encuentran cómo dilatarlo, y pasa en muchos otros temas. Es una buena iniciativa avanzar con una norma que sea ágil y simple, pero hay un tema de gestión que es ineludible. Ni la mejor ley va a funcionar si no se capacita y se le da las herramientas a los funcionarios que tendrán que aplicarla”, concluye Orsini Wisotzki.
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