El pasado jueves, el pleno del Congreso aprobó por unanimidad el proyecto de ley 3367, que faculta a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a conciliar, desistir, transigir o allanarse a los juicios de un primer grupo de 12.592 pensionistas del régimen laboral 19990 y 20530.
Dicho grupo corresponde a procesos que están a la espera de una resolución o que calificarían como allanables, cuyo costo estimado en el proyecto de ley es de hasta S/451 millones.
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Según el proyecto, se trata de 80.290 procesos judiciales en materia previsional, que a junio del 2018 estaban en trámite. De esos, 69.468 corresponden a procesos previsionales, los cuales se dividen en procesos judiciales sobre el Decreto Ley 19990 (53.559 casos) y otros regímenes (15.909 casos).
La autógrafa de ley y el texto sustitorio aprobados pasarán ahora a manos del Poder Ejecutivo para su promulgación.
Según el congresista Hernando Cevallos, el Estado gasta cada año más de S/16 millones en abogados, por lo que urge aprobar la ley para no solo pagar los devengados e intereses a los afiliados afectados, sino reducir el gasto en abogados.
CRITERIOS
El proyecto en cuestión establece ocho criterios en los que deberá allanarse la ONP para los procesos judiciales en trámite, así como aquellos que se inicien en un futuro.
Entre estos se encuentra el cálculo de la remuneración de referencia, los aportes facultativos abonados con posterioridad al cumplimiento de requisitos para la obtención del derecho a una pensión, la aplicación del artículo 6 de la Ley de Jubilación de Trabajadores Mineros, reconocimiento de aportes como empleados anteriores al mes de octubre de 1962, pensiones devengadas y la acreditación de aportes
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