Paro agrario: ¿son económicamente viables las medidas que piden los gremios agrarios?

Desde medidas proteccionistas hasta inyectar S/1.500 millones a Agrobanco (entidad que a octubre del 2018 estuvo al borde del cierre por tener más de S/1.600 millones en créditos por cobrar ), los agricultores acataron este lunes 13 de mayo un paro nacional para exigir 15 medidas de corte social, político y económico al Poder Ejecutivo.

Desde el punto de vista económico, los reclamos agrarios giran en torno a dos temas: mayor apoyo estatal para disminuir las importaciones; y, por consiguiente, redireccionar los programas de compra estatal para motivar la presencia de los productores locales. 

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“El grave problema de pequeñas agriculturas para el mercado regional y nacional que se ha visto altamente perjudicado con los Tratados de Libre Comercio (TLC), con la rebaja de aranceles de muchos de los productos que se importan, algunos incluso con cero aranceles y con una casi nula franja de precios”, explica la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro). 

Acusan, en este sentido, que la desprotección del sector ha dañado los ingresos de sus trabajadores y que por ende el Estado debe tomar cartas en el asunto. 

“El Ministerio de Agricultura no va a poder enfrentar el capítulo de la franja de precios (sistema para estabilizar los costos de importación de los productos agrícolas implementado en el 2001), es un capítulo económico puro, que nos está hundiendo y que no le ha permitido al Estado peruano recaudar US$600 millones por decisión unilateral desde el segundo gobierno de García”, explicó Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, a este Diario.

No obstante, que si se revisan datos de mediados de la década del 2000 (donde hubo un 'boom' de TLC), se puede apreciar, en primer lugar, que el número de puestos formales de trabajo agrícola entre 2004-2015 subió de 499 mil a 733 mil.

Asimismo, la pobreza en los trabajadores del agro bajó de 57% a 20%, y la pobreza extrema de 12% a 0,5%; finalmente, entre 2004 y 2017, el promedio de ingresos formales pasó de S/579 a S/1.047, y el informal de S/255 a S/530, de acuerdo a un estudio de Apoyo Consultoría. 

“El Perú tiene contratos con otros países sobre cómo tratar el comercio exterior. Nosotros somos grandes promotores de la liberalización del comercio. No va por ponerle barreras a los productos importados, sino por mejorar las capacidades de nuestro agro peruano y nuestro agro vulnerable”, afirma por su lado Alfonso Bustamente, presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú.

PEDIDOS ADICIONALES

Los gremio agrarios también piden que una parte de la recaudación tributaria agrícola se destine a un fondo para apoyar a las organizaciones del sector (el sistema es conocido como autogravámen), sin embargo, de los 4,2 millones de trabajadores del sector, aproximadamente 3,9 millones son informales (no aportan), de acuerdo a datos de la Cámara de Comercio de Lima y el INEI.

“La política de Estado no está enfocada hacia grandes exportadores. Entendemos el reclamo de los pequeños agricultores, hay carencias que deben ser subsanadas, pero la agricultura moderna no está reñida con la agricultura tradicional. La agricultura moderna acogida al régimen agrícola son más de 4 mil empresas que tienen en total a 418 mil empleos directos generados”, apunta Bustamante. 

Asimismo, piden que las compras efectuadas por el Estado a través de los programas de asistencia social “deben ser atendidas con productos de fabricación nacional que utilicen insumos producidos directamente por los agricultores y ganaderos peruanos”. Si bien este último pedido aparenta tener como objetivo que se disminuyan las importaciones, el investigador principal de Grade, Eduardo Zegarra, indica que en realidad se trata de un problema que lleva varias décadas y que radica en mejorar el sistema de compras estatales en provincias. 

“La queja central es que muchas de estas compras están hechas para que primero sean provistas por unos pocos, o uno solo, y muchas veces ubicados básicamente en Lima. No ha habido un esfuerzo del Estado para comprarle a productores organizados en otras regiones.  Implica un sistema de compras adecuado que permita el desarrollo de la pequeña agricultura”, concluye el investigador.