Los programas sociales han vuelto a colocarse en el ojo de la tormenta. Esta vez, de la mano del ex ministro de Economía, Luis Carranza, quien criticó su uso político por este Gobierno y su escasa efectividad. Para el economista “el objetivo no es la empleabilidad ni la productividad, sino crear un bolsón electoral”.Follow @PortafolioECpe !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');
Según sus propios cálculos, el programa social Juntos crece sin cumplir las condiciones de salud y educación y se está ampliando para zonas periurbanas, donde hay oferta de empleo. Un cuestionamiento similar hizo a Beca 18, que -según dijo- no está focalizado ni vela por la calidad de la enseñanza.
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Fiel a su estilo, el presidente Ollanta Humala no tardó en contestar. El mandatario hizo una cerrada defensa de su política de inclusión social. Y además de calificar como una “barbaridad” lo dicho por Carranza, aseguró que “ha sido muy pulcro en tener los programas sociales con un enfoque técnico”.
Incluso, amenazó con “poner más plata, así no les guste a muchos” los programas sociales que su administración promueve, y recordó que este año se destinarán ingentes recursos a seguir fortaleciéndolos. [ver infografía].
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NÚMEROS MANDANPero, más allá de la polémica generada a partir de las críticas de Carranza a los programas sociales, ¿se puede asegurar que el contar con más recursos garantiza su efectividad? ¿Basta con ampliarlos o cambiarles de nombre para decir que hoy sí tienen rostro social? Y, ¿acaso existen resultados palpables que confirmen que han logrado soluciones concretas para el bienestar de la población en este Gobierno?
Por lo pronto, las cifras indican que los niveles de pobreza se han estancado en 23,9%, lo que podría ser suficiente para negar la efectividad de la estrategia “incluir para crecer” promovida por Humala. Un resultado nada halagüeño si se tiene en cuenta la “reducción exitosa” que experimentó este indicador entre el 2006 y el 2011 –durante el Gobierno del que Carranza formó parte– al pasar de 50% a 27,8%.
Es más, para César Peñaranda, director del Instituto de Economía de la CCL, con un crecimiento del PBI de 2,7%, la pobreza tendería a subir 0,25 puntos porcentuales, con lo que alrededor de 79.000 peruanos habrían retomado su condición de pobres durante el 2014.
Carolina Trivelli, ex titular del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social (Midis), cuestiona lo dicho por Peñaranda. Aclara que durante este Gobierno “por primera vez en años se ha visto que las mayores reducciones de pobreza se registraron en los segmentos rurales”, lo que resulta clave para avanzar en cerrar la brecha entre la pobreza urbana y rural.
Destacó que el gobierno de Humala tomó la decisión política de que estos programas sociales lleguen solo a quienes los necesitan, y que para ello asignó los recursos necesarios. Aun así, las dudas sobre la efectividad de los programas sociales, persisten. Sobre todo luego de que la actual titular del sector, Paola Bustamante, no pudiera sustentar con cifras esos avances, pues recién hacia fines de año o a principios del próximo se contará con los estudios que revelan su impacto.
¿INCLUSIÓN DE VERDAD?A pesar de ese vacío informativo, Trivelli refiere que la creación del Midis fue “para bien” y mejoró la focalización e implementación de estos programas.
Sin embargo, una evaluación de Cómex Perú revela que más de la mitad de los beneficiarios de Pensión 65 no serían pobres, lo que se convierte en una clara muestra de los bemoles que se siguen arrastrando. En ese sentido, insta a nuestras autoridades a “mejorar los criterios de focalización, antes de ampliar su cobertura”.
Sobre el particular, Fernando Eguren, del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), refiere que aun cuando los programas sociales hayan logrado ampliar la cobertura de beneficiarios –avance que no se le puede negar a este Gobierno–, dicho resultado no puede ser considerado como un indicio de inclusión porque “en el plano económico, una real inclusión supone la participación de todos en actividades económicas que contribuyen al desarrollo del país”.
César Álvarez, profesor de Centrum Católica, refuerza su hipótesis y agrega que la inclusión no solo debe ser social sino que debe abrir paso a la inserción productiva, para que a futuro dejen de recibir este tipo de beneficios sociales.
De no hacerlo, como dice Eguren, se corre el riesgo de convertir los programas sociales de alivio de la pobreza en permanentes, y mantener en situación de excluidos y de dependencia a la población que hoy se beneficia de ellos.
Al respecto, Carolina Trivelli, también se muestra convencida de la necesidad de escalar este tipo de instrumentos hacia un segundo nivel, porque de nada servirá incrementar las capacidades de las familias si, adicionalmente, no acceden a nuevas oportunidades para generar ingresos. “Este Gobierno ya mejoró lo que había y estoy segura de que el próximo gobierno hará lo mismo para asegurar la inclusión y el crecimiento”, señala.
Lee el informe completo en la edición impresa de Día_1.
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